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Una propuesta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que presentó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el lunes pasado ante el Congreso, permitiría que agentes de la Policía Nacional impongan comparendos en municipios que no cuenten con un organismo operativo de tránsito, por conductas violatorias de las normas que atenten contra la seguridad vial, con especial énfasis en infracciones como conducir sin seguro obligatorio de accidentes.
Esto dice la propuesta
En el artículo 26 dice, “Protección de la vida y la integridad personal”. En la sección III del PND, se lee, ‘Coordinación de los instrumentos de planificación de territorios vitales’, “Sin perjuicio de las competencias que a las autoridades de tránsito le corresponden, la Policía Nacional coadyuvará los esfuerzos para la protección de la vida y la integridad personal de los actores del tránsito y para el efecto, a través de personal adscrito a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, tendrá la competencia para detectar infracciones e imponer ordenes de comparendo en relación con las conductas con directo impacto en la seguridad vial y, especialmente, la circulación sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito, Soat, que se cometan en las vías departamentales y en los municipios donde, de acuerdo con la certificación que expida la Superintendencia de Transporte, no existan o no tengan cobertura los cuerpos operativos de control de los organismo de tránsito”.
Foto detección
Además, se dispondrá de equipos de foto detección de infracciones, tarea que estará a cargo de Agencia Nacional de Seguridad Vial. El proceso contravencional, de acuerdo con este artículo del PND, estará a cargo “de la autoridad de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción, con el apoyo de los organismos de tránsito departamentales, cuando a ello haya lugar”.
El motivo
Un informe del Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte (Cemat), realizado en el 2018, reveló que, en 653 municipios del país, en los que habitaban 8,6 millones de personas, no existe ninguna clase de control a la violación de las normas de tránsito, pese a que hasta esa época había matriculados allí 2,1 millones de vehículos.
Esa situación, permite que conductores y motociclistas puedan manejar sin problema después de haber ingerido licor, circular en contravía, sin revisión técnico mecánica ni seguro obligatorio de accidentes vigentes, pasarse los semáforos en rojo, o no usar casco, entre otras infracciones, pues no hay quien controle o ponga orden en las calles.
Otro dato señala que, en esos municipios, que son el 58 por ciento de las cabeceras municipales del país, murieron en sus calles 856 personas (el 13 por ciento del total nacional) en accidentes de tránsito en el 2018.
El dinero recaudado
En el proyecto de ley se prevé que el 50 por ciento de las multas que se impongan serán propiedad de la Nación, “sin perjuicio de lo previsto por el Código Nacional de Tránsito”.
Este cambio es importante, porque de acuerdo con ese Código, esos recursos se destinan a la ejecución de planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de transporte público de pasajeros, transporte no motorizado y gestión del sistema de recaudo de las multas. Una parte de esos recursos son para los organismos de tránsito y otra corresponde a la Federación Colombiana de Municipios.
