
Operativo de deportación en Pasto y Nariño
En una operación coordinada entre las autoridades locales, 80 ciudadanos venezolanos con antecedentes judiciales fueron trasladados este miércoles al aeropuerto Antonio Nariño para ser deportados en una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana. De acuerdo con la información divulgada, 60 de estas personas fueron identificadas en Pasto y otras 20 en Ipiales, como parte de las acciones que adelanta la Administración Municipal para fortalecer la seguridad en la región.
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La acción se enmarca dentro de las estrategias de control territorial que ha venido impulsando la Alcaldía, en coordinación con Migración Colombia, el Ejército Nacional, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Gobierno. Según el balance de la administración, estas intervenciones han permitido desarticular 14 bandas delincuenciales y registrar más de 3.000 capturas en lo corrido del año.

Antecedentes inmediatos
Este operativo de deportación fue precedido por la megatoma de seguridad realizada el martes 17 de noviembre, liderada por el alcalde Nicolás Toro Muñoz, que incluyó patrullajes, controles de identificación, verificación de antecedentes y vigilancia aérea mediante drones en diferentes sectores de Pasto. Las personas que requerían procedimientos adicionales fueron trasladadas al Centro de Gestión Integral del Riesgo (CEGIR) para las respectivas verificaciones judiciales y migratorias.

Algunos de los ciudadanos que fueron deportados se encontraban en situación de calle y sin documentación, recibiendo atención antes de su traslado al aeropuerto. El procedimiento se realizó respetando los trámites legales y migratorios establecidos para estos casos.

Continuidad de operativos
Las autoridades han anunciado que los operativos continuarán en diferentes sectores de Pasto, con el propósito de fortalecer el control territorial, prevenir hechos delictivos y mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Desde la Alcaldía se ha señalado que estos controles migratorios y las intervenciones contra conductas delictivas buscan actuar frente a quienes infringen la ley, respetando los procedimientos legales y los derechos fundamentales de las personas.