El Congreso de la República aprobó la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia, una iniciativa que modifica la política de orden público nacional y marca un giro decisivo en el manejo de organizaciones armadas ilegales en Colombia. La decisión cierra el capítulo de la denominada Paz Total y establece un nuevo modelo centrado en la entrega de armas, la colaboración con la justicia y el desmantelamiento de estructuras criminales, sin reconocimiento de estatus político ni negociaciones de agenda política. Para Nariño, el cambio genera preocupación sobre la continuidad de avances territoriales que se construyeron durante los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y Comuneros del Sur.
La aprobación ocurrió en la noche del 3 de noviembre en el Congreso, con 95 votos a favor y 10 en contra en la Cámara de Representantes, y 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado. El nuevo marco legal elimina cualquier posibilidad de negociación política con grupos armados, reemplazando la tradición que existía en Colombia de darle trato diferenciado a guerrillas y organizaciones con mando coordinado. Bajo esta ley, los integrantes de organizaciones criminales podrán acceder a beneficios judicales únicamente si cumplen condiciones verificables como dejar las armas, abandonar actividades ilícitas, colaborar con autoridades, entregar bienes y contribuir a la reparación de víctimas.
Los procesos cerrados en Nariño antes de la ley
Ambos espacios de diálogo que operaban en Nariño ya habían sido cerrados por el Gobierno actual previo a la aprobación de la nueva ley. La mesa con la CNEB fue formalizada mediante la Resolución 346 del 28 de agosto de 2026, con la explicación de que la decisión obedecía a la falta de evidencias suficientes de voluntad de paz y de reintegración a la vida civil por parte de esa organización. Por su parte, el proceso con Comuneros del Sur fue terminado mediante la Resolución Ejecutiva 365 del 3 de septiembre de 2026.
Sin embargo, antes del cierre, estos procesos habían generado avances concretos en Nariño y Putumayo. De acuerdo con el balance presentado por la Gobernación de Nariño en agosto de 2026, el diálogo con la CNEB produjo la entrega y destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra durante 2025, el ingreso de 99 integrantes de la CNEB a una Zona de Ubicación Temporal en junio de 2026 como parte de su tránsito hacia la vida civil, y un compromiso de promover la sustitución voluntaria de 30.000 hectáreas de cultivos de coca en Nariño y Putumayo, con 15.000 de ellas en territorio nariñense.
Los avances también incluyeron iniciativas relacionadas con desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas y transformación territorial. El gobernador Luis Alfonso Escobar había solicitado que estos resultados fueran evaluados antes de cerrar definitivamente el proceso, considerando que los avances debían ser tomados en cuenta en la definición de la nueva estrategia de seguridad y paz para la región.
¿Qué ofrece la nueva ley y qué interrogantes quedan?
La nueva Ley de Sometimiento establece obligaciones claras para acceder a beneficios judiciales: dejar las armas y cesar actividades ilícitas, entregar información para identificar y desmantelar estructuras criminales, contribuir al esclarecimiento de delitos, entregar bienes destinados a reparación de víctimas, facilitar liberación de secuestrados, entregar información sobre personas desaparecidas y liberar a menores reclutados. El texto contempla penas mínimas de diez años de privación efectiva de la libertad para cabecillas y seis años para colaboradores, con beneficios sujetos al cumplimiento de condiciones legales.
La ley también contempla mecanismos de transformación territorial integral y programas de tránsito a la legalidad, con participación de entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, el SENA y otras instituciones estatales. Sin embargo, para Nariño queda una pregunta de fondo: ¿podrá este nuevo modelo garantizar la continuidad de los avances territoriales que se habían construido alrededor de los procesos de paz, o el departamento tendrá que comenzar de nuevo la búsqueda de mecanismos para reducir la violencia?
La sustitución de cultivos de uso ilícito, los proyectos productivos, el desminado humanitario, la reincorporación de combatientes y la búsqueda de personas desaparecidas son asuntos que no desaparecen con el cierre de una mesa de negociación, pero su implementación bajo el nuevo marco legal deberá observarse en la práctica. El reto para Nariño no se limita a que los grupos armados entreguen las armas: también está en evitar que los territorios abandonados por las negociaciones vuelvan a quedar expuestos a disputas armadas y al control de las economías ilegales.
