El presidente Gustavo Petro ha negado que haya utilizado contratos públicos para obtener favores sexuales. Su defensa merece ser escuchada y las denuncias deben ser investigadas. Pero hay una frontera que no admite confusiones: la vida íntima pertenece a las personas; los recursos del Estado, a todos los ciudadanos.
La cama es privada. La nómina es pública.
De eso se trata. Deicy Jiménez ha señalado que habría recibido contratos estatales en medio de una relación con Petro. El expresidente ha rechazado esas acusaciones. La Fiscalía y la Procuraduría adelantan actuaciones para esclarecer los hechos. Se conocen contratos, conversaciones atribuidas al entonces mandatario y testimonios que deberán ser contrastados. Nada de esto constituye, por sí solo, una condena. Pero tampoco puede despacharse con una burla o una explicación superficial. Si hubo una contraprestación indebida, no estaríamos ante un simple episodio sentimental: estaríamos ante un cuestionamiento grave al ejercicio del poder.
Y aquí está el problema de fondo: esto no pertenece exclusivamente a la izquierda, a la derecha ni a un gobierno. Es una práctica que debemos dejar de normalizar. ¿Cuántas veces hemos visto que el poder se utiliza para conseguir réditos económicos, políticos y hasta sexuales? ¿Cuántas veces hemos confundido la cercanía con el privilegio y la representación pública con la propiedad privada?

La pregunta que debemos hacernos en Nariño
En Nariño también deberíamos hacernos esa pregunta. ¿No hemos visto en nuestros municipios comportamientos que se celebran, se justifican o se silencian? No señalaré nombres ni alimentaré rumores. La pregunta es para todos: ¿cuándo dejamos de exigirles a nuestros representantes una conducta a la altura de la confianza que les entregamos?
El problema no termina ahí. Cuando desde las cúpulas se relativiza la responsabilidad, el mensaje que reciben las organizaciones y sus militantes es peligroso. Los cuestionamientos por los presuntos títulos irregulares de la representante Luz Verónica Estrada, incluidos los de bachillerato y formación profesional, abren otra discusión sobre la verdad, las credenciales y la responsabilidad pública. Las autoridades investigan; no corresponde anticipar una condena. Pero sí preguntar qué ejemplo transmite una dirigencia cuando la coherencia parece negociable.

El poder exige principios
Gaitán convocó a la restauración moral de la República. Antanas Mockus nos recordó que los recursos públicos son sagrados. Y Margaret Thatcher, desde otra tradición ideológica, defendió la integridad como condición del ejercicio político. No tienen que pensar igual para coincidir en algo: el poder exige principios.
Hoy se suma otra realidad. Millennials, generación Z y generación alfa crecen en un mundo donde la información circula, se contrasta y permanece. La inteligencia artificial amplía las posibilidades, pero también obliga a distinguir pruebas de manipulaciones. Warren Buffett suele recordar que construir una reputación toma años y destruirla puede tomar minutos. En política, la reputación no es maquillaje: es confianza. Y la confianza también se pierde.
Al que mucho se le confía, mucho se le debe exigir. No basta con ganar elecciones, dominar las redes o administrar el relato. Hay que responder por los actos. La cama es privada; la nómina es pública. Y cuando el poder cruza esa frontera, la ciudadanía tiene derecho a preguntar, los organismos de control el deber de investigar y la justicia la obligación de esclarecer.
La restauración moral no puede ser otra consigna de campaña. Tiene que empezar por dejar de aplaudir lo que antes decíamos que estaba mal. Porque el poder puede conservar un cargo, pero cuando pierde la reputación empieza a perder algo más difícil de recuperar: la confianza de la gente.