Una jueza de Silvia, Cauca, ordenó la reclusión en establecimiento penitenciario de Luis Carlos Vélez Romero, alias «El Mono», quien fungía como gestor de paz del Gobierno Petro, tras ser acusado de narcotráfico y concierto para delinquir. La decisión reabrió el debate sobre los controles aplicados a quienes reciben esa designación oficial en la administración nacional.
La Fiscalía lo señaló como jefe operativo y financiero de una red vinculada al Comando de la Frontera, estructura relacionada con Giovanni Andrés Rojas, alias Araña. Según el expediente, la organización transportó cocaína y marihuana utilizando camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para movilizar cargamentos por distintas regiones del país, en un esquema que habría desplazado más de tres toneladas de droga.
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Operaciones y coordinación logística
Según las investigaciones, Vélez Romero participó como actor principal en la coordinación de más de 10 eventos de transporte de droga. Las pesquisas ubicaron traslados en los llanos orientales y en departamentos como Bolívar. Su captura se produjo el viernes 24 de julio de 2026 en una vivienda de Chía, Cundinamarca, después de varios meses de seguimiento e inteligencia.
El principal testigo en su contra es Manuel Castañeda Bernal, conocido como el narcochofer, quien aseguró que Vélez Romero integraba la estructura de alias Araña con un papel de coordinación. Castañeda describió a Vélez como «el mayor relacionista, el encargado o delegado» para los pagos de droga que él transportaba en vehículos de la UNP a nivel nacional. Mencionó que otro implicado es Jhon Jairo Giraldo Portilla, alias JJ, quien permanece prófugo de la justicia. Según la investigación, Giraldo Portilla sería pariente de Araña y presuntamente se sometió a cirugías plásticas para evitar ser identificado.
La defensa cuestiona la credibilidad del testigo
El abogado Jefferson Torres, apoderado de Vélez Romero, solicitó que su cliente cumpliera la medida de aseguramiento en un resguardo indígena Inga en Cauca, argumentando que está casado con una integrante de esa comunidad y que es padre cabeza de familia. La jueza rechazó ambas solicitudes y ordenó la reclusión en un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso. Torres apeló la decisión.
La defensa cuestionó la credibilidad del narcochofer Castañeda, quien acumula más de 30 denuncias por estafa. Torres aseguró que el testigo «es proclive a mentir» y señaló que una de sus declaraciones carece de la firma de la fiscal del caso. Además, sostuvo que otros testimonios que respaldan esa versión están comprometidos porque provienen de la esposa de Castañeda y de un primo suyo, quien también está procesado por narcotráfico.
Durante la audiencia, la fiscal Magda Antury cuestionó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre la documentación entregada respecto a la designación de Vélez Romero y Giraldo como gestores de paz. La fiscal calificó como insuficiente la información suministrada por esa dependencia sobre los fundamentos del nombramiento, evidenciando fallos en los procedimientos de selección y supervisión de quienes ejercen roles oficiales en procesos de paz.
