Un juez de Puerto Asís ordenó frenar por seis meses el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecen 58 desmovilizados de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que iniciaron su tránsito a la vida civil desde junio tras la entrega colectiva de armas.
La decisión judicial, que amparó los derechos fundamentales de los exguerrilleros, impide que el Gobierno ejecute el cierre previsto originalmente para dos meses. Ahora, la administración nacional tendrá un plazo de seis meses para consolidar de manera coordinada un plan interinstitucional que garantice las condiciones administrativas, logísticas y de seguridad necesarias para que estas personas completen su reincorporación a la sociedad civil.
Instrucciones judiciales para la Fiscalía y el Gobierno
En sus órdenes, el juez dispuso que la Fiscalía resuelva el tema de las órdenes de captura activas contra personas que permanecen en la zona, así como las demás actuaciones judicales pendientes. Estas decisiones son esenciales para que los desmovilizados puedan hacer un tránsito efectivo hacia la vida civil, tal como lo han solicitado de manera reiterativa.
El Gobierno Nacional debe garantizar también la continuidad de las rutas de reincorporación para las 58 personas reconocidas como desmovilizados. La orden judicial reconoce que una salida abrupta sin estas garantías vulneraría derechos fundamentales de los exintegrantes del grupo armado que decidieron acogerse al proceso de paz.
Contexto de la decisión
La Zona de Ubicación Temporal en la vereda Betania del Valle del Guamuez fue creada en el marco del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este espacio ha funcionado como centro de transición para que los desmovilizados reciban capacitación y orientación durante su incorporación a la vida civil después de entregar sus armas de manera colectiva.
La resolución del juez representa un punto de equilibrio entre la necesidad del cierre operativo de la zona y la protección de derechos de personas que se encuentran en una etapa crítica de reincorporación. Durante los próximos seis meses, las instituciones involucradas deberán trabajar en coordinación para diseñar una estrategia de salida que no deje a estos 58 individuos en situación de vulnerabilidad.
