El senador Iván Cepeda Castro oficializó su postura frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella mediante un llamado a la desobediencia civil pacífica, que define como una herramienta de resistencia ante medidas que, a su juicio, afectarían el orden constitucional y los derechos ciudadanos. Durante un evento realizado el 4 de julio de 2026 en el Bulevar del Río de Cali, el líder opositor se reunió con organizaciones sociales y jóvenes del Valle del Cauca para presentar las bases y alcances de su estrategia de resistencia, enfatizando que las acciones concretas se definirán de manera colectiva con el pueblo.
Las cuatro amenazas identificadas contra la ciudadanía
Cepeda identificó cuatro amenazas directas que, según su evaluación, caracterizarían la administración de Abelardo de la Espriella. La primera de ellas es la entrega de la soberanía nacional a Estados Unidos, una preocupación que el senador vinculó específicamente a la doble nacionalidad del presidente electo. El parlamentario señaló que este riesgo representa una amenaza fundamental para la autonomía del país en materia de toma de decisiones políticas y económicas.
La segunda amenaza identificada es el desmantelamiento de las reformas sociales construidas durante administraciones anteriores. Cepeda advirtió que el gobierno entrante buscaría revertir logros en políticas sociales y debilitar gravemente el Estado social de derecho, lo cual afectaría directamente a poblaciones vulnerables que se han beneficiado de estas iniciativas. Esta preocupación refleja la oposición fundamental entre el proyecto político que representa el senador y el que promete la administración entrante.
La tercera amenaza se refiere a la violación abierta de la Constitución. El senador declaró que el ejecutivo entrante amenaza con “violar la Constitución y con desconocerla abiertamente”, lo que constituiría un quiebre del orden constitucional establecido. En su cuarta amenaza, Cepeda advirtió sobre la persecución y el uso de la violencia contra quienes se opongan al gobierno, situando esta preocupación dentro del marco de la defensa de la democracia y el pluralismo político.
Fundamentación jurídica de la desobediencia civil
Para justificar su propuesta, Cepeda se apoyó en argumentos jurídicos y precedentes históricos. El senador recordó que la desobediencia civil es “una acción pacífica que ha sido empleada históricamente por los pueblos para defenderse y para defender sus derechos”, citando ejemplos de movimientos sociales que han utilizado esta estrategia como mecanismo de resistencia legítima. Enfatizó además que dicho ejercicio cuenta con el aval de la Corte Constitucional en contextos donde se desconoce la Constitución o se atenta contra los derechos humanos fundamentales.
El parlamentario del Pacto Histórico subrayó la legitimidad constitucional de su propuesta al afirmar: “Como su nombre lo indica, la desobediencia civil consiste en desobedecer a una autoridad, a las leyes o a las medidas que son contrarias a la Constitución y violan los derechos humanos fundamentales. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y yo seré el primero en desacatarlas”. Esta declaración marca una línea clara sobre su disposición personal a liderar acciones de resistencia, independientemente de las consecuencias legales que pudieran derivarse.
Metodología de implementación: asambleas y cabildos populares
Un aspecto central del llamado de Cepeda es la metodología propuesta para operativizar la desobediencia civil. El senador fue enfático en señalar que las estrategias y acciones concretas no serían definidas de manera vertical o por decisión de la dirigencia política, sino que se adoptarían “con el pueblo, con sus organizaciones, en asambleas y cabildos populares y reuniones nacionales”. Este enfoque busca legitimizar las acciones a través de procesos participativos que involucren a las comunidades afectadas.
Cepeda precisó que “las acciones concretas que emprenderemos, las adoptaremos con el pueblo, con sus organizaciones, en asambleas y cabildos populares y reuniones nacionales”, lo que implica un proceso de deliberación colectiva previo a cualquier movilización. Esta metodología refleja una estrategia política que intenta enraizar la desobediencia civil en procesos democráticos de base, evitando la percepción de una imposición desde arriba. El senador también aclaró que estas acciones serían de carácter pacífico y se prolongarían “mientras persista el peligro”, es decir, mientras considere que existen amenazas a los derechos y el orden constitucional.
Contexto político: respaldo electoral y propuesta de diálogo
El llamado a la desobediencia civil surge en un contexto político específico: tras los comicios electorales del 21 de junio de 2026, el sector que representa Cepeda obtuvo más de 12 millones 700 mil votos, cifra que le proporciona una base electoral importante para proyectar movilizaciones. Esta votación representa un respaldo significativo que el senador utiliza como legitimación para su discurso de resistencia y su capacidad de convocar a organizaciones sociales a nivel nacional.
A pesar del tono confrontacional de su llamado a la desobediencia civil, Cepeda ha mantenido una puerta abierta al diálogo. El senador reiterated su disposición a participar en un Acuerdo Nacional, propuesta que planteó inmediatamente después de la contienda electoral. Esta postura dual refleja una estrategia política que combina la capacidad de presión mediante movilización social con la disposición negociadora, buscando posiblemente obtener concesiones sobre las políticas que considera más amenazantes para el orden constitucional y los derechos ciudadanos.
Significación política para el Valle del Cauca y el movimiento opositor
La realización del evento en Cali tiene una relevancia estratégica importante. El Valle del Cauca ha sido históricamente un territorio con fuerte presencia de organizaciones sociales y movimientos de izquierda, lo que convierte la región en un espacio clave para desplegar una estrategia de resistencia política. Al convocar a jóvenes y organizaciones sociales en esta región, Cepeda busca fortalecer la capacidad organizativa de su base política y preparar estructuras para futuras movilizaciones que pudieran ser convocadas según su evaluación de las acciones del gobierno entrante.
El movimiento de resistencia que propone Cepeda se inscribe en una tradición de oposición que ha caracterizado al Pacto Histórico como fuerza que desafía lo que considera autoritarismo o violación de derechos. En este sentido, la desobediencia civil pacífica se presenta no como un acto de rebeldía aislada, sino como expresión organizada de un proyecto político que mantiene crítica activa ante las medidas gubernamentales. La enfatización en el carácter pacífico de estas acciones intenta diferenciar la propuesta de Cepeda de formas de resistencia violenta, posicionándose dentro de los marcos de la resistencia civil democrática reconocida por la jurisprudencia constitucional colombiana.
