La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte del patrimonio de Óscar Iván Zuluaga Escobar y su círculo familiar. Los activos están vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional ilegal de su campaña presidencial de 2014.
Según el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales, la multinacional brasileña habría aportado 1’610.740 dólares en servicios de publicidad a la campaña « Zuluaga Presidente 2014-2018 ». Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales, lo que constituiría una fuente de financiación prohibida conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.
Los fondos fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça. Para entonces, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos en moneda local.
Las medidas cautelares decretadas recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda ubicados en Bogotá, así como un inmueble en Pensilvania (Caldas). Algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar, según consta en los registros de la Fiscalía.
La afectación de estos bienes tiene como propósito evitar que los activos sean vendidos, enajenados o comercializados mientras se surte el trámite de extinción de dominio, una medida que busca privar del derecho de propiedad sobre bienes ligados a actividades ilícitas.
El caso forma parte de las investigaciones derivadas del escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia, que ha implicado a múltiples funcionarios públicos y campañas políticas. La actuación de la Fiscalía se enmarca en la búsqueda de responsabilidad por la presunta omisión de información sobre fuentes de financiación en procesos electorales, un delito que afecta la integridad de las contiendas democráticas en el país.
