La Fiscalía General de la Nación ha intensificado su acción contra los presuntos implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con la imposición de medidas cautelares sobre 25 bienes avaluados preliminarmente en más de 20.000 millones de pesos. Dentro de este macrocaso que sacude al país, Nariño aparece nuevamente en el centro de las investigaciones con siete inmuebles ubicados en Pasto y Chachagüí que fueron afectados por estas medidas.
Según la Fiscalía, los bienes nariñenses están relacionados con el contratista Luis Eduardo López Rosero, señalado como uno de los involucrados en el entramado de presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD. La medida fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio luego de diferentes actos de investigación orientados a identificar y verificar el patrimonio de los investigados, quienes supuestamente direccionaron contratos y desviaron recursos públicos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
Las medidas cautelares incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios. Funcionarios del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, adelantan las diligencias para hacer efectivas estas acciones mientras avanzan los procedimientos de extinción de dominio y las investigaciones penales.
Alcance nacional de la investigación
Los 25 bienes afectados se distribuyen en diferentes regiones de Colombia, incluyendo Bogotá, Medellín, Montería, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres. La mayoría son 19 inmuebles y seis sociedades comerciales. Entre las personas cuyos bienes fueron intervenidos figuran los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.
Investigación en curso sin detalles específicos
Por ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre la ubicación exacta de los inmuebles en Pasto y Chachagüí ni sobre su estado jurídico específico. Las autoridades buscan establecer si el patrimonio de los investigados tiene relación directa con los hechos de corrupción que son materia de investigación. El avance de los procedimientos de extinción de dominio y las investigaciones penales continuará determinando el destino de estos activos.
La inclusión de bienes ubicados en Nariño pone a la región en el foco de una de las investigaciones por corrupción más importantes de los últimos años en el país, demostrando cómo el escándalo de la UNGRD trasciende los límites de la capital nacional y afecta investigaciones en múltiples territorios.
