Soldados del Grupo de Caballería Mediano N.° 3 General José María Cabal, perteneciente a la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, destruyeron un laboratorio clandestino de procesamiento de clorhidrato de cocaína ubicado en zona rural del municipio de Córdoba, Nariño. El operativo representa un golpe significativo a la cadena de producción de alcaloides que financia a grupos armados organizados residuales en el departamento.
En la infraestructura incautada se encontraron aproximadamente 2 toneladas de clorhidrato de cocaína ya procesado, junto con 1.930 galones de insumos líquidos y 575 kilogramos de insumos sólidos destinados al procesamiento de alucinógenos. La instalación estaba equipada con sistemas de calentamiento, un marciano, dos calderas y diversas herramientas de ferretería especializadas en la transformación de precursores químicos.
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Capacidad operativa y golpe financiero
Según información de las autoridades militares, el laboratorio tendría capacidad para producir hasta 4 toneladas de clorhidrato de cocaína al mes, lo que evidencia la escala significativa de su operación. El decomiso de materia prima, insumos químicos e infraestructura representa una afectación económica estimada en más de 8.000 millones de pesos a las rentas ilícitas asociadas al narcotráfico.
Responsabilidad del grupo criminal
Según las autoridades militares, el laboratorio habría sido propiedad del grupo armado organizado residual (GAO-r) «Estructura Comandos de Frontera», estructura delictiva que opera en la región fronteriza nariñense. Este grupo ha sido relacionado con múltiples operaciones de narcotráfico, contrabando y otras economías ilícitas en la zona de influencia de Córdoba y municipios adyacentes.
La operación se enmarca dentro de tareas ofensivas que adelanta el Ejército Nacional para contrarrestar las acciones del narcotráfico en Nariño, un departamento que históricamente ha sido epicentro de cultivos de coca y procesamiento de cocaína. El decomiso pone de relieve la persistencia de infraestructuras criminales sofisticadas en zonas rurales del sur occidente colombiano, a pesar de los operativos de control estatal.
