Donación estadounidense refuerza capacidad de respuesta en cuatro focos activos
La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció este sábado un aporte de 48.000 dólares en herramientas especializadas destinado a reforzar la lucha contra los incendios forestales que mantienen en emergencia a varios departamentos del país, incluyendo a Nariño. Los recursos se distribuirán entre la Gobernación del Tolima, la Gobernación de Nariño, el cuerpo de bomberos de Yumbo y el municipio de Vijes, en el Valle del Cauca.
El paquete de equipos incluye sopladoras, mochilas de extinción, motosierras, batefuegos, guadañadoras, machetes, rastrillos y palas. A través de su cuenta oficial @USEmbassyBogota, la misión diplomática señaló: «Estados Unidos se solidariza con Colombia ante los incendios forestales. Juntos somos más fuertes», en un gesto que refleja el compromiso de la cooperación bilateral frente a la crisis ambiental que azota la región.
Lea tambien: Nariño en la encrucijada: mientras Medellín raciona agua, el páramo de Cumbal arde y El Niño se aproxima | Incendios en Nariño dejan balance escandaloso: $15.779 millones en pérdidas y 1.485 hectáreas productivas destruidas
En el momento del anuncio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 19 incendios activos distribuidos en seis departamentos del país. En Nariño permanecían encendidos cuatro focos: La Florida (vereda Divino Rostro), Linares (vereda Parapetos), San Pablo (corregimiento Briceño) y El Tambo (vereda La Ovejera). Un quinto foco, que se había activado en Policarpa (corregimiento El Ejido), ya había sido controlado para esa fecha, demostrando la dinámica acelerada de estos eventos en el territorio nariñense.
La crisis prolongada: de 11 incendios simultáneos a un departamento en calamidad pública
Nariño no experimenta un episodio aislado de incendios. Entre el 15 de junio y el 25 de agosto, las autoridades locales contabilizaron 189 emergencias por cobertura vegetal en toda la geografía departamental. Durante algún momento de agosto, hasta 11 incendios coincidieron simultáneamente en diferentes municipios, saturando las capacidades de respuesta y obligando a una coordinación extrema entre organismos de control.
Ante la magnitud de la crisis, el gobernador Luis Alfonso Escobar declaró formalmente calamidad pública y urgencia manifiesta el 12 de agosto. Esta declaración buscó agilizar la compra de kits forestales especializados y la creación de una brigada de reacción inmediata capaz de intervenir en tiempo real. El paquete departamental de respuesta fue avaluado en más de 3.500 millones de pesos, acompañado de 30 horas de apoyo aéreo autorizadas por la UNGRD, recursos que resultaron insuficientes ante la velocidad de propagación de las llamas.
El desgaste de los equipos de bomberos y socorristas alcanzó niveles críticos. Un reporte de principios de agosto capturó la exhaustión del personal: «nuestros bomberos tienen las botas quemadas», resumiendo en una frase la realidad de brigadas que operaban de manera continua sin descanso suficiente, enfrentando jornadas que se extendían sin interrupción en zonas de topografía quebrada y difícil acceso.
Impacto agrícola devastador: 1.485 hectáreas, 699 familias y pérdidas de casi 16 mil millones
El balance de la Gobernación de Nariño revela un impacto concentrado y devastador en el sector agropecuario. Se contabilizaron 1.485 hectáreas de tierras productivas afectadas distribuidas en 15 municipios diferentes. Detrás de esa cifra de terreno yace una crisis humanitaria: 699 familias y 1.882 personas vieron comprometidos sus medios de vida, mientras que 856 animales de crianza fueron afectados directamente.
Las pérdidas económicas preliminares ascendieron a 15.779 millones de pesos, con el 79 por ciento concentrado en el componente agrícola. Café, caña panelera, plátano, maíz, yuca, aguacate, cítricos y pastos figuran entre los cultivos más golpeados. Los municipios de Ancuya, Linares, Los Andes-Sotomayor y La Unión concentran los mayores daños absolutos, aunque la emergencia se dispersa por toda la geografía departamental.
En Ancuya, las llamas avanzaron sobre cañaduzales que funcionan como combustible natural para la propagación, poniendo simultáneamente en riesgo viviendas cercanas. Autoridades locales reportaron unas 100 hectáreas de caña panelera afectada con trapiches destruidos, dejando sin ingreso inmediato a decenas de familias que dependen de esta agroindustria para su supervivencia. En Linares, las cifras aproximadas alcanzaban 250 hectáreas de cultivos perdidos, agravadas por la topografía quebrada que complicó la liquidación de focos y permitió la reactivación de incendios controlados parcialmente.
El páramo de Cumbal: 60 hectáreas de ecosistema estratégico convertidas en cenizas
Uno de los episodios más sensibles de la crisis ocurrió en Cumbal, municipio ubicado en la frontera con Ecuador y sede de ecosistemas páramo de importancia estratégica. En la vereda Tasmag, al menos 60 hectáreas de páramo —incluyendo el sector Tambillo— quedaron reducidas a cenizas tras un incendio que comenzó al mediodía del martes 25 de agosto. El fuego se apagó parcialmente en la madrugada del miércoles, pero se reactivó horas después, requiriendo operaciones de extinción intensivas que se extendieron hasta esa tarde.
La pérdida fue principalmente biológica y ambiental. Cientos de frailejones —plantas nativas emblemáticas de los páramos colombianos— y especies de flora y fauna autóctona fueron consumidas. El comandante de Bomberos de Cumbal, Jairo Puerres, describió la dificultad extrema de operar durante la noche en un páramo denso donde la topografía, el viento y la densidad de la vegetación se combinaban para obstaculizar las operaciones de extinción. Comunidades indígenas y campesinas, el cabildo local y brigadas ambientales se sumaron de manera voluntaria a los esfuerzos de extinción.
Las autoridades locales respondieron con alarma y solicitudes de sanciones. El alcalde Andrés Tapie Alpala pidió sanciones firmes contra responsables. El gobernador del cabildo, Juan Carlos Cuaical Chiran, alertó que el fuego ponía en riesgo directo la biodiversidad, las fuentes de agua que alimentan comunidades en la zona y «la vida de nuestra madre naturaleza», utilizando un lenguaje que refleja la cosmovisión indígena del territorio. El Colectivo Indígena Ambiental El Frailejón denunció formalmente el hecho como un ecocidio, enfatizando la magnitud del daño ambiental irreversible.
Amenazas dispersas: agua, fauna y confrontación armada
Más allá de Cumbal, otros sectores del departamento enfrentaron amenazas complementarias. En zonas como el cañón del Juanambú, Buesaco, La Unión, Chachagüí, Sandoná y Santacruz de Guachavés, el fuego ha amenazado acueductos veredales, nacimientos de agua y vías de comunicación rural, comprometiendo servicios básicos para poblaciones rurales dispersas. Se reportaron casos de fauna desplazada, incluyendo un oso hormiguero y un zorro de monte sacados de su hábitat natural y forzados a buscar refugio en áreas cercanas a asentamientos humanos.
Las investigaciones de autoridades no descartan manos criminales en algunos de los incendios. El presidente Abelardo de la Espriella expresó públicamente que algunas quemas habrían sido provocadas de forma deliberada, ordenando actuar «con toda la contundencia del Estado». En Nariño específicamente, fuentes oficiales vincularon al menos un foco en Linares (vereda Parapetos) con enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La Fiscalía General de la Nación adelantó indagaciones a escala nacional para identificar y judicializar a responsables de incendios provocados.
Causas multifactoriales: El Niño, sequía y quemas agrícolas descontroladas
El fenómeno de El Niño, la temporada seca anual y las altas temperaturas registradas durante 2026 explicaron la facilidad exponencial de propagación de las llamas en ecosistemas secos y con alta densidad de combustible vegetal. A escala nacional, el escenario sumaba más de 30.000 hectáreas consumidas, con Tolima concentrando la mayor parte de los focos y declarando también calamidad pública.
En Nariño, las quemas agrícolas aparecen como causa frecuente en reportes oficiales. La caña panelera, utilizada para la producción de panela y otros derivados, aceleró varios frentes de fuego debido a que sus características —densidad, acumulación de biomasa seca— la hacen extremadamente susceptible a la ignición y propagación. La práctica tradicional de limpiar terrenos con fuego, combinada con las condiciones climáticas extremas, generó un escenario de riesgo compuesto.
Respuesta coordinada pero insuficiente: más allá de la donación estadounidense
La donación estadounidense no reemplaza ni pretende reemplazar el dispositivo colombiano de respuesta, que incluye bomberos voluntarios, Defensa Civil, cabildos indígenas, unidades del Ejército Nacional y, en otros departamentos, aeronaves especializadas como AT-802 y helicópteros Black Hawk. Sin embargo, sí refuerza significativamente la capacidad terrestre operativa en Nariño, un departamento donde los socorristas han denunciado públicamente desgaste extremo.
La coordinación de la ayuda estadounidense incluyó la participación de agencias especializadas. Estados Unidos aportó no solo esta donación específica de 48.000 dólares anunciada por la embajada, sino que también se reportó apoyo adicional a través del Departamento de Defensa estadounidense (con equipos de protección personal), la Guardia Nacional de Carolina del Sur (con cubos Bambi para combate aéreo del fuego) y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado (que entregó helicópteros «Guacamaya»). Esta muestra de solidaridad internacional reflejó un compromiso conjunto de ambos países por la protección de ecosistemas y el cuidado de la población colombiana.
Mientras la UNGRD continuaba actualizando el tablero de focos activos y Nariño mantenía vigente la declaratoria de calamidad pública, la prioridad inmediata se concentraba en liquidar los cuatro incendios activos restantes, proteger fuentes de agua vitales y abrir una ruta de recuperación para las casi 700 familias rurales que perdieron cosechas, pastos o infraestructura productiva. El desafío combinaba contención del desastre en curso con preparación para la recuperación de largo plazo de comunidades y ecosistemas severamente golpeados.
