Dos patrulleros de la Policía Nacional adscritos al CAI Centenario de Ipiales fueron capturados en flagrancia el pasado 22 de septiembre tras ser sorprendidos presuntamente extorsionando a un ciudadano que circulaba en una camioneta. Según la investigación, los uniformados habrían exigido un millón de pesos bajo la amenaza de imponer comparendos e inmovilizar el vehículo si no accedía al pago.
El procedimiento comenzó como un control rutinario, pero tomó un giro inesperado cuando la denuncia previa del ciudadano permitió activar una investigación coordinada entre el GAULA y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL). Las unidades se desplazaron hasta el sector donde se encontraban los uniformados y lograron detenerlos durante el acto presunto de extorsión.
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Estrategia de presión sobre el vehículo
De acuerdo con los detalles conocidos, los policías habrían aprovechado que la camioneta no contaba con la documentación requerida para ejercer presión sobre el conductor. La falta de papeles fue utilizada como justificativo para amenazar con inmovilizar el vehículo e imponer comparendos, condiciones que el ciudadano podría evitar si entregaba el dinero solicitado. Este patrón de comportamiento sugiere un esquema premeditado de extorsión aprovechando autoridades legítimas.
Un elemento que genera interrogantes adicionales es que los dos patrulleros están adscritos a funciones de vigilancia, no a la dependencia de Tránsito y Transporte. El hecho de que estuvieran realizando procedimientos vehiculares es parte de lo que deberá ser esclarecido durante la investigación penal, particularmente respecto a las actuaciones que estaban llevando a cabo con el vehículo.
Investigación y próximos pasos
Los uniformados enfrentan investigación por el presunto delito de concusión, que es la exacción de dinero u otra cosa aprovechando la condición de servidor público. Las autoridades competentes deberán determinar si efectivamente existió la exigencia del millón de pesos, si hubo amenazas específicas de inmovilización y si el dinero fue efectivamente entregado o recuperado durante el procedimiento. Por ahora, los patrulleros quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de los uniformados y sobre qué habría ocurrido si el ciudadano no hubiera presentado la denuncia previa. Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier exigencia de dinero, amenaza o comportamiento irregular por parte de funcionarios públicos, recordando que existen canales como la línea 165 del GAULA disponible las 24 horas bajo la campaña «Yo no pago, yo denuncio».
