La Fiscalía General de la Nación logró un importante golpe contra el crimen organizado al judicializar a 10 presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, las cuales eran comercializadas a disidencias de las FARC en regiones como Cauca, Tolima, Meta y Arauca, así como a bandas urbanas en Bogotá. Entre los procesados se encuentran un soldado activo del Ejército Nacional y un intendente pensionado de la Policía Nacional, quienes habrían jugado roles clave en esta estructura ilícita.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, reveló que la red sustraía armas, municiones y explosivos de batallones militares en Bogotá, el Fuerte Militar de Tolemaida y la sede de Indumil en Soacha, Cundinamarca. Además, utilizaban salvoconductos vencidos para engañar a comercios legales de venta de municiones, lo que les permitía adquirir insumos bajo una fachada de legalidad. La organización estaba conformada por personal activo y retirado de las Fuerzas Armadas, junto con civiles que usaban actividades comerciales lícitas para encubrir sus acciones.
Entre los judicializados están Jhon Alexander Salgado Osorio, soldado profesional del Ejército, acusado de extraer municiones, granadas y partes de armamento de batallones para su venta a través de intermediarios, y Alberto Hernando Orozco Salcedo, intendente retirado de la Policía, señalado como uno de los cabecillas de la red. Este último habría reclutado a personas con acceso a Indumil para obtener armas y municiones, que luego eran comercializadas con permisos falsificados.
Durante nueve operativos de registro y allanamiento realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Brigada 13 del Ejército Nacional, se incautaron 3.184 municiones de diversos calibres, 20 salvoconductos vencidos, 67 proveedores de armas, 13 pistolas, 16 rifles, 7 revólveres, 1 lanzagranadas, 1 subametralladora, 5 escopetas, 4 carabinas, 1 detonador eléctrico, 55 uniformes pixelados similares a los de las Fuerzas Militares y $45.000.000 en efectivo.
Los procesados, identificados como Alberto Hernando Orozco Salcedo, Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Homes Bastidas Ardila, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, David Bustos Vanegas, Jhon Alexander Salgado Osorio, Yesi Lenin Molano Santamaría y Katerine Celeste Baquero González, enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y municiones de uso restringido, y utilización ilegal de uniformes e insignias. Ocho de ellos aceptaron los cargos imputados.
Por orden de un juez de control de garantías, todos los involucrados fueron enviados a un establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones. Este operativo representa un paso significativo en la lucha contra el tráfico de armas y el fortalecimiento de las estructuras criminales en el país.
