Nuevas denuncias sobre presunta interferencia de estructuras armadas ilegales en procesos electorales de Los Andes Sotomayor han vuelto a poner en el centro del debate público los resultados de la estrategia de Paz Total impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro. La ubicación geográfica de este municipio nariñense, que conecta corredores históricamente utilizados para economías ilegales y rutas hacia la costa Pacífica, lo convierte en territorio estratégico para grupos disidentes de las FARC.
Según diversos informes de organizaciones especializadas en conflicto armado, la región ha sido escenario de la presencia del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, cuya expansión territorial en el sur del Cauca y Nariño ha generado impactos humanitarios significativos en los últimos años. Las autoridades han señalado en repetidas ocasiones que la columna Franco Benavides ha mantenido influencia en varios sectores rurales del departamento, especialmente en zonas donde convergen intereses relacionados con el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Los cuestionamientos a la estrategia de Paz Total
Las denuncias conocidas en Los Andes Sotomayor abren nuevamente interrogantes sobre la efectividad de los diálogos de paz adelantados con estructuras armadas ilegales. Si bien algunos procesos permitieron reducciones temporales de confrontación en determinadas regiones, en departamentos como Nariño continuaron registrándose hechos de violencia, desplazamientos, confinamientos y enfrentamientos entre grupos armados.
Durante los últimos años surgieron múltiples cuestionamientos relacionados con la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de las comunidades mientras avanzaban las negociaciones. Casos como la fuga de alias «Tito», uno de los denominados gestores de paz vinculados a estructuras armadas ilegales, alimentaron las críticas de sectores políticos que consideran que las concesiones otorgadas durante los diálogos no se tradujeron en una reducción efectiva de la criminalidad.
El riesgo para las garantías democráticas
Más allá de las diferencias políticas, las denuncias generan preocupación por el impacto que la interferencia armada puede tener sobre las garantías democráticas de los ciudadanos. Expertos en conflicto y derechos humanos han advertido históricamente que cuando grupos armados buscan influir sobre las decisiones políticas de las comunidades se afecta el libre ejercicio del voto y se debilita la participación ciudadana. El control territorial ejercido por estructuras ilegales en zonas estratégicas condiciona no solo la seguridad sino también la libertad política de los habitantes.
Por ahora, las autoridades nacionales y regionales no han emitido un pronunciamiento detallado sobre las denuncias. Sin embargo, líderes comunitarios y habitantes de la región esperan que se adelanten verificaciones y medidas de protección que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar condiciones de seguridad para la población. El temor persiste en una zona de Nariño donde muchos consideran que, pese a los cambios políticos y a los distintos intentos de negociación con grupos armados, el control territorial ilegal sigue siendo una realidad que condiciona la vida de cientos de familias.
