Nariño en el mapa crítico nacional
La Defensoría del Pueblo colocó a Nariño en el centro de una alerta nacional sobre reclutamiento forzado de menores. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la entidad identificó 97 casos en todo el país, siendo Cauca, Norte de Santander y Nariño los departamentos con mayor número de reportes. Para Nariño específicamente, se registraron 7 casos en ese período, lo que la posiciona como el tercer departamento más afectado, aunque las autoridades advierten que estas cifras pueden no reflejar la realidad completa del fenómeno.
El recuento nacional de los últimos años es preocupante: 684 casos en 2024 y 428 en 2025. La Defensoría insiste en que una caída en los reportes no equivale por sí sola a una reducción real del delito, puesto que muchas familias no denuncian por miedo, desconfianza o porque esa violencia se ha normalizado en territorios donde grupos armados ilegales tienen control.
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El Pacífico como epicentro de la crisis en Nariño
Aunque Nariño no encabeza el ranking nacional, el fenómeno no ha desaparecido sino que se ha concentrado geográficamente. El departamento pasó de 24 reportes en 2024 a 18 en 2025 y bajó a 7 entre enero y julio de 2026. Las autoridades locales han situado el mayor riesgo en Tumaco, Ricaurte, Barbacoas y otros municipios del litoral y el piedemonte. En 2025, la Gobernación atribuyó la mayoría de casos conocidos a Tumaco (8), seguido de Ricaurte y Barbacoas.
Una misión de la Defensoría en mayo de 2026, que visitó Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Mosquera e Ipiales, recogió testimonios sobre formas diversas de reclutamiento: para minería ilegal, transporte de insumos bélicos y otras formas de vinculación armada. En agosto de ese mismo año, el Ejército reportó en Tumaco el sometimiento de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la recuperación de dos menores reclutados, confirmando que las operaciones rescatan niños aunque el reclutamiento sigue activo en el Pacífico nariñense.
El subregistro: la cifra oculta
En Nariño existe un debate sobre las cifras. Mientras la Gobernación ha sostenido que los reportes bajaron frente a 2024, la Contraloría habló a comienzos de año de un incremento y una tendencia al alza. La Defensoría corta esa discusión con una advertencia institucional clara: las cifras deben leerse con cautela. En zonas con presencia armada, denunciar puede costar la vida. Por eso, 7 casos oficiales en siete meses no significan que solo siete niños hayan sido reclutados en el departamento.
El subregistro golpea más fuerte en comunidades indígenas y afro del Pacífico y la frontera con Ecuador, donde la institucionalidad llega tarde, las escuelas quedan expuestas y las economías ilegales ofrecen plata, celulares o «protección» a cambio de incorporar menores a estructuras armadas. De los 97 casos nacionales del primer semestre extendido de 2026, el 63 % corresponde a niños y adolescentes y el 37 % a niñas. En pertenencia étnica, el 68 % no se reconoce en ningún grupo étnico, el 23 % es población indígena y el 9 % afrocolombiana.
Contexto de disputa territorial que agrava el problema
Los departamentos críticos —Cauca, Norte de Santander y Nariño— coinciden en un rasgo: disputas armadas por corredores, coca, minería ilegal y control social. En años anteriores el Estado Mayor Central apareció como el presunto responsable más frecuente en estos reclutamientos, seguido de disidencias sin especificar, el ELN y otras estructuras. Nariño había sido presentado como laboratorio territorial de diálogos con estructuras locales, pero el cierre de mesas de negociación a nivel nacional y la persistencia de disidencias, ELN y grupos residuales en la costa dejan a la niñez nariñense en un punto ciego: menos diálogo, más disputa y la misma oferta criminal hacia escuelas y veredas.
El reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Human Rights Watch ha documentado alrededor de 1.500 casos desde 2021 y pidió al gobierno medidas más fuertes de prevención, protección y reintegración. La Defensoría también alertó que los grupos usan redes sociales para seducir a adolescentes con tenis, celulares y motos, modernizando métodos de captación que se nutren de las vulnerabilidades económicas y sociales.
Lo que falta: presencia, investigación y protección
La Defensoría no publicó en sus alertas el desglose municipal detallado de 2026 ni los tiempos de respuesta a cada alerta. Sin esa trazabilidad es difícil saber si Tumaco, Ricaurte o Barbacoas mejoraron de verdad o si solo cayó la denuncia. En Nariño ya existen mesas de prevención y rutas de atención en más de 36 municipios; el desafío central es que esas rutas funcionen cuando una familia teme hablar por seguridad. Proteger a la niñez en Nariño no se resuelve con un comunicado: exige presencia permanente en el Pacífico, escuelas que no queden solas, investigación contra quienes reclutan y un registro que no dependa del valor de una madre para denunciar.
