La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 025 de 2026 para los municipios de Ricaurte y Mallama, en el departamento de Nariño, ante los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos derivados de la presencia de grupos armados ilegales, el control territorial y la expansión de economías ilícitas. El documento, fechado el 14 de octubre, constituye una advertencia sobre un escenario de coexistencia armada frágil que podría transformarse en una disputa territorial más intensa con consecuencias catastróficas para las comunidades locales.
Entre los actores identificados por la entidad se encuentran Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) y quienes se hacen llamar Nueva Urías Rondón–Frente 37. La Defensoría también advierte sobre la posibilidad de que el Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intenten ingresar nuevamente a estos territorios. Estos grupos han establecido dinámicas de control territorial a través de acuerdos que les permiten distribuirse el territorio y los corredores transfronterizos hacia Ecuador, así como captar rentas del narcotráfico y aprovechar el auge de la minería ilegal.
Control armado sobre la población y vulneración de derechos
Según la Defensoría, los grupos armados han recurrido a prácticas de coerción para ejercer control territorial y regular la vida cotidiana de la población. Entre las conductas advertidas figuran amenazas, homicidios selectivos, extorsiones e imposición de normas de comportamiento que restringen la libertad de movimiento y la autonomía de las comunidades. La alerta identifica riesgos específicos para líderes y lideresas sociales, autoridades indígenas, personas defensoras de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y representantes políticos. El documento registra antecedentes de intimidaciones contra autoridades locales y liderazgos comunitarios, así como presiones que pueden afectar la autonomía de las organizaciones sociales y de los pueblos indígenas.
La población infantil y adolescente también enfrenta riesgos asociados al reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos armados ilegales. A esto se suman posibles restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades rurales que limitan el acceso a servicios esenciales y profundizan la vulnerabilidad de las familias.
Minería ilegal y rutas estratégicas: factores de intensificación del conflicto
Uno de los aspectos centrales de la alerta es la expansión de las economías ilícitas, particularmente la minería ilegal de oro y el narcotráfico. La Defensoría advierte que la ubicación geográfica de Ricaurte y Mallama los convierte en territorios estratégicos para la conexión entre la cordillera, la costa Pacífica y la frontera colombo-ecuatoriana. Estas rutas facilitan el transporte de bienes y el desplazamiento de personas, pero también son aprovechadas por estructuras armadas para movilizarse y sostener actividades ilegales. En el caso de Ricaurte, la entidad señala que la expansión de la minería aurífera en el lado ecuatoriano de la frontera podría favorecer la llegada o el fortalecimiento de actores armados y redes criminales en territorio colombiano. Mallama, por su parte, también presenta condiciones que generan preocupación por el potencial minero, las vulnerabilidades socioeconómicas y la posibilidad de que algunas actividades extractivas sean utilizadas para financiar estructuras ilegales.
La carretera Pasto–Tumaco, conocida como Vía al Mar, ocupa un lugar importante dentro del análisis como corredor que conecta el interior de Nariño con la costa Pacífica. Su importancia económica y logística también la convierte en una ruta de interés para los grupos armados ilegales. A esto se suman caminos rurales, trochas y pasos fronterizos utilizados por las comunidades para sus desplazamientos cotidianos. La Defensoría advierte que las condiciones geográficas, la dispersión de la población y las dificultades de acceso a determinadas zonas pueden limitar la respuesta institucional frente a hechos de violencia. En Ricaurte también se examina el riesgo relacionado con el Oleoducto Transandino, cuya eventual reapertura podría generar nuevas presiones sobre la infraestructura y las comunidades ubicadas en su área de influencia.
Las comunidades indígenas Awá y Pastos, así como la población campesina, enfrentan las mayores vulnerabilidades. En Ricaurte, el pueblo Awá representa una proporción mayoritaria de la población, mientras que en Mallama predomina el pueblo indígena de los Pastos. La Defensoría señala que las presiones armadas pueden afectar no solo la seguridad individual, sino también la autonomía territorial, las estructuras organizativas y el tejido social de estas comunidades. La limitada presencia estatal efectiva en zonas dispersas, las barreras de acceso a servicios esenciales y la dependencia económica de algunas comunidades respecto de actividades ilegales incrementan su vulnerabilidad. Sin embargo, el documento también reconoce capacidades de protección existentes, entre ellas las organizaciones indígenas y campesinas, las redes comunitarias y las prácticas de autoprotección colectiva.
La Alerta Temprana 025 de 2026 incluye 29 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales, departamentales y municipales para prevenir las vulneraciones advertidas, reducir las condiciones de vulnerabilidad y fortalecer las medidas de protección. Estas recomendaciones se enmarcan en un enfoque de seguridad humana y protección colectiva, en el que la atención a los riesgos va más allá de las intervenciones en materia de orden público y está acompañada de estrategias para garantizar plenamente los derechos de la población. Entre los objetivos planteados están la coordinación interinstitucional, la implementación de planes de mitigación del riesgo, la protección diferencial de las comunidades en situación de vulnerabilidad y el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales. El Ministerio del Interior, como Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), tiene un papel de coordinación en la orientación y articulación de las entidades destinatarias de las recomendaciones.
En su análisis prospectivo, la Defensoría advierte que la coexistencia armada actual es frágil y podría transformarse en una disputa territorial más intensa si se rompen alianzas, se producen fragmentaciones internas o ingresan nuevos actores armados. De materializarse esos escenarios, podrían aumentar los homicidios selectivos, las amenazas contra líderes sociales y autoridades étnicas, el reclutamiento de menores de edad, los desplazamientos forzados, los confinamientos y los enfrentamientos en zonas pobladas. La alerta plantea así un desafío para las autoridades: responder a las amenazas de seguridad, pero también atender las condiciones sociales, económicas e institucionales que incrementan la vulnerabilidad de las comunidades. La evolución de los riesgos y las acciones implementadas por las entidades competentes serán objeto de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo.
