La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias “HH”, ha desatado una nueva controversia diplomática con Estados Unidos, en medio de su estrategia de “paz total”. El disidente es líder del grupo armado ilegal Comuneros del Sur, una facción que opera principalmente en el departamento de Nariño.
La resolución 158, firmada por Petro el 23 de mayo de 2025, detiene el proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde Yepes Mejía es requerido por una Corte del Distrito Este de Texas por delitos relacionados con el narcotráfico. Esta acción marca un hito, ya que es la primera vez que el Gobierno colombiano detiene una extradición en el contexto de negociaciones con grupos armados ilegales.
Según el Ejecutivo, esta decisión responde a los compromisos asumidos por Comuneros del Sur en el proceso de diálogo. El grupo entregó el pasado 5 de abril más de 580 artefactos bélicos, incluyendo minas antipersona y granadas, en un gesto de buena voluntad hacia un posible acuerdo de paz. La suspensión de la extradición se mantendrá mientras alias HH aporte resultados verificables a dicho proceso.
No obstante, la medida ha generado inquietud en Washington, ya que la extradición ha sido un pilar clave en la cooperación binacional para combatir el narcotráfico. Desde el Departamento de Justicia de EE. UU. ya habían expresado su preocupación en diciembre de 2024, advirtiendo que frenar estos procesos podría generar una sensación de impunidad frente a crímenes transnacionales.
A esta tensión se suma un contexto de distanciamiento diplomático: el presidente Petro ha cuestionado abiertamente la política migratoria estadounidense, ha fortalecido vínculos económicos con China, y ahora da señales claras de que priorizará el diálogo interno sobre las obligaciones judiciales con potencias extranjeras.
La decisión podría impactar otros casos similares. Por ejemplo, Willinton Henao, alias “Mocho Olmedo”, actualmente detenido, y alias “John Mechas”, con circular roja de Interpol, también podrían ver suspendidas sus extradiciones mientras avanzan las conversaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, otra estructura disidente.
“El enfoque actual en la política de extradición estará condicionado al avance en los procesos de paz. He pedido a la Fiscalía examinar los casos jurídicos de quienes quieran acogerse al diálogo. Nuestra prioridad es proteger a la población civil y desmontar las economías ilícitas”, afirmó el mandatario en recientes declaraciones.
Mientras tanto, desde la Casa Blanca se estaría considerando la imposición de sanciones a Colombia como respuesta a esta nueva postura, que muchos interpretan como un cambio estructural en la política exterior y de seguridad del país.
