Las observaciones de la Contraloría Municipal
La Contraloría Municipal de Pasto cuestionó durante su auditoría financiera, de gestión y resultados de la vigencia 2025 la utilización de $60 millones provenientes de la estampilla Pro Cultura en un contrato de suministro de mobiliario y elementos de almacenamiento. El organismo de control consideró que algunos de los bienes adquiridos no tendrían una relación suficientemente acreditada con los fines culturales y bibliotecarios para los que está destinada esta renta municipal.
La revisión se concentró en el contrato de suministro No. 20254679, suscrito con la Distribuidora del Sur Pasto S.A.S. (DISTRISUR), cuyo valor total asciende a $210.947.000. Dentro de este proceso se identificó una asignación presupuestal de $60 millones con cargo a los recursos de la estampilla Pro Cultura. Entre los elementos cuestionados se encontraba mobiliario administrativo de uso general, estantería y silletería cuya conexión directa con los objetivos específicos de fomento cultural y dotación bibliotecaria fue puesta en duda por los auditores.
El organismo de control también señaló en su informe que durante la revisión documental, los bienes aparecían bajo custodia sin haber sido entregados formalmente a las bibliotecas públicas municipales. La auditoría identificó demoras en los trámites de inventario, identificación y formalización de los comodatos, procedimientos que según la información examinada se adelantaron tardíamente. Por estos hallazgos, la Contraloría configuró un hallazgo con incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal por los $60 millones cuestionados. Esta calificación corresponde a las observaciones del organismo de control y no equivale, por sí sola, a una decisión definitiva de responsabilidad fiscal o disciplinaria.
La respuesta de la Secretaría de Cultura
La Secretaría de Cultura de Pasto entregó una respuesta oficial el 20 de octubre de 2026 frente a las observaciones formuladas por la Contraloría. En el documento, la dependencia sostiene que los elementos fueron adquiridos específicamente para fortalecer las bibliotecas públicas municipales y asegura que, a la fecha de su respuesta, los bienes estaban instalados y en funcionamiento.
La Secretaría indicó que los elementos de mobiliario y dotación se encuentran relacionados en una certificación de inventario por valor de $59.976.352. Explicó además que el proceso de adquisición fue adelantado por la Secretaría General de la Alcaldía, con DISTRISUR como proveedor del servicio. De acuerdo con la respuesta institucional, después de recibir los elementos se adelantaron trámites administrativos para incorporarlos al inventario municipal, identificarlos y plaquetearlos, así como para formalizar contratos de comodato y coordinar su entrega oficial a las instituciones bibliotecarias.
La dependencia aclaró que mientras se realizaban esos procedimientos para formalizar la destinación, uso y custodia de los bienes, estos no podían ser entregados formalmente a las bibliotecas. Sin embargo, aseguró que al momento de emitir la respuesta, los elementos ya se encontraban instalados y en funcionamiento en las instituciones beneficiarias. Como soporte de las actuaciones adelantadas, la Secretaría de Cultura aportó una certificación de inventario y registros fotográficos que evidenciarían el estado posterior de los bienes.
El debate central: destinación legal versus operatividad
Las dos posiciones expuestas por la Contraloría y la Secretaría de Cultura ponen sobre la mesa aspectos que deben examinarse de manera separada, ya que tocan dimensiones distintas del problema. Por un lado, el organismo de control cuestionó si los recursos de una renta con destinación específica fueron utilizados en bienes que correspondieran efectivamente a los fines culturales y bibliotecarios previstos en la ley. Simultáneamente, observó que durante la auditoría, los elementos no aparecían formalmente entregados a las bibliotecas, lo que genera dudas sobre los procedimientos administrativos seguidos.
Por otro lado, la Secretaría de Cultura afirma que los bienes fueron adquiridos con el propósito explícito de fortalecer las instituciones bibliotecarias municipales y que actualmente están instalados y en funcionamiento. La respuesta institucional aporta información sobre el inventario de los bienes y el estado posterior de estos. Sin embargo, para establecer si se subsanaron todas las observaciones formuladas por la Contraloría, será necesario verificar la ubicación específica de cada elemento, las bibliotecas exactas beneficiarias, las actas de entrega o comodato formales y su correspondencia demostrable con la destinación legal de los recursos de la estampilla.
Es importante precisar que el hecho de que los bienes estén instalados y en funcionamiento no resuelve automáticamente la discusión de fondo sobre si su adquisición cumplió con todos los requisitos de destinación específica y planeación contractual establecidos por la ley para la estampilla Pro Cultura. Del mismo modo, la observación formulada por la auditoría no permite concluir, sin una decisión definitiva y un análisis exhaustivo de los soportes documentales, que los recursos se hayan desviado o perdido de manera irreversible.
La estampilla Pro Cultura y su destinación específica
La estampilla Pro Cultura tiene una finalidad específica establecida por la normatividad municipal. Esta característica hace que la discusión no se limite simplemente a establecer si el mobiliario fue comprado o si actualmente está instalado en las bibliotecas. La verificación implica también confirmar que los recursos se hayan utilizado de acuerdo con los objetivos específicos que justifican su recaudo y que fundamentan su obligatoriedad para contribuyentes.
Cuando una entidad territorial recauda recursos mediante un gravamen de destinación específica como la estampilla Pro Cultura, existe una obligación legal de aplicar esos fondos conforme a su propósito establecido. La Contraloría, como organismo de control fiscal, tiene la responsabilidad de verificar esta correspondencia. El cuestionamiento sobre si elementos de «mobiliario administrativo de uso general» se alinean verdaderamente con los fines culturales y bibliotecarios es por tanto una pregunta legítima que debe resolverse mediante la documentación apropiada.
El plan de mejoramiento y los plazos de subsanación
En la documentación remitida a la Contraloría, la Secretaría de Cultura informó que la Administración Municipal formuló un plan de mejoramiento para atender específicamente las observaciones identificadas en la auditoría. El plazo de cumplimiento de este plan se extiende hasta el 31 de marzo de 2027, lo que da a la administración municipal varios meses adicionales para demostrar que las irregularidades fueron subsanadas.
La Secretaría de Cultura precisó en su respuesta que la existencia de ese plan de mejoramiento no constituye por sí misma una decisión sobre la presunta incidencia fiscal, cuya determinación corresponde al organismo de control dentro de sus competencias y facultades. El cumplimiento de las acciones correctivas incluidas en el plan será un elemento importante para establecer qué medidas concretas adoptó la Alcaldía frente a las observaciones formuladas y qué tipo de seguimiento realiza la Contraloría para verificar su cumplimiento.
La existencia del plan también sugiere que la Administración Municipal reconoce que hay aspectos por mejorar en cuanto a la documentación, formalización y procedimientos administrativos, incluso si sostiene que la destinación de los recursos fue adecuada. Este reconocimiento de la necesidad de mejoramiento contrasta con una posible defensa total de todas las actuaciones adelantadas.
Preguntas pendientes y verificaciones necesarias
Más allá de la respuesta entregada por la Secretaría de Cultura, la información conocida deja varios puntos que merecen verificación rigurosa. La primera pregunta fundamental es: ¿en qué bibliotecas públicas específicas se encuentra cada uno de los bienes relacionados en la certificación de inventario de $59.976.352? Una respuesta clara a esta pregunta permitiría verificar la distribución del mobiliario y su ubicación actual.
En segundo término, es necesario determinar si existen actas de entrega formales, contratos de comodato debidamente suscritos y soportes documentales que permitan comprobar el uso efectivo de estos elementos por parte de las bibliotecas beneficiarias. La formalización administrativa no es un trámite burocrático menor; es el mecanismo legal mediante el cual se registra la responsabilidad sobre bienes públicos.
Otra pregunta crítica es: ¿cómo se determinó institucionalemente que los elementos específicos adquiridos con recursos de la estampilla Pro Cultura cumplían la destinación específica de esta renta? Esta pregunta toca el meollo de la controversia: la justificación técnica y legal de por qué un «mobiliario administrativo de uso general» es considerado fomento cultural.
También es necesario conocer qué acciones concretas contempla el plan de mejoramiento formulado hasta marzo de 2027 y cuáles de estas acciones ya se han cumplido a la fecha. Esto permitiría evaluar el nivel de compromiso institucional con la subsanación de las observaciones y el avance real en la resolución del hallazgo.
Finalmente, surge la pregunta sobre cuál es el estado actual del hallazgo según la Contraloría y qué tipo de determinaciones ha adoptado el organismo de control después de recibir los soportes documentales de la Administración. Estas respuestas permitirían establecer si las actuaciones posteriores han resuelto efectivamente las observaciones documentales y de destinación señaladas por los auditores municipales.
El seguimiento continuo a los recursos culturales
El informe de auditoría de la Contraloría Municipal plantea cuestionamientos fundamentales sobre la destinación y la gestión de bienes públicos adquiridos con fondos de una renta específica. La Secretaría de Cultura, por su parte, afirma que los elementos fueron destinados correctamente al fortalecimiento de las bibliotecas públicas municipales y que ya están en funcionamiento cumpliendo sus propósitos.
El seguimiento al plan de mejoramiento formulado, la revisión exhaustiva de los soportes documentales aportados y las decisiones posteriores que adopte la Contraloría serán determinantes para aclarar definitivamente si las observaciones quedaron completamente subsanadas o si persisten asuntos sustanciales por resolver. Este caso ejemplifica la importancia del control fiscal en temas de recursos destinados a la cultura, un sector que requiere transparencia en el uso de fondos públicos para mantener la confianza ciudadana.
El Contraste Noticias continuará realizando seguimiento riguroso a los hallazgos de la auditoría y a las respuestas de las dependencias involucradas, con el propósito de establecer con claridad qué ocurrió con los $60 millones de recursos públicos provenientes de la estampilla Pro Cultura y qué resultados concretos recibieron los ciudadanos pastusenses en términos de fortalecimiento de las bibliotecas públicas municipales.
