El Consejo de Estado suspendió provisionalmente dos normas del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, que regulaban las condiciones para trasladar $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión surge dentro de una demanda de nulidad contra ese acto administrativo y cuestiona directamente la autoridad del Ejecutivo para efectuar modificaciones presupuestales de esa magnitud.
Según el análisis preliminar de la Sala, el Gobierno se arrogó atribuciones que corresponden exclusivamente al Congreso de la República. El tribunal advirtió que el decreto no se limitó a regular la ejecución de recursos ya aprobados por ley, sino que habilitó al Ministerio de Hacienda para modificar la distribución de apropiaciones fijadas por el legislativo en la Ley Anual de Presupuesto de 2026 mediante traslasos indeterminados, sin especificar de dónde provendrían los recursos ni hacia dónde exactamente irían.
La Sala señaló de manera explícita que «el Gobierno autorizó, mediante decreto ordinario, traslados presupuestales indeterminados sin encontrarse en un estado de excepción, sin identificar la partida afectada y sin contar con autorización legal previa». Esta conclusión es central en la suspensión: ni siquiera en contextos de emergencia nacional puede el Ejecutivo modificar el presupuesto sin identificar claramente las partidas de origen y destino.
Además de la invasión de competencias, el tribunal identificó otro problema grave: el decreto autorizaba a la UNGRD ejecutar los rubros sin adelantar licitaciones públicas, permitiendo en su lugar negociaciones directas en la fijación de precios. Esta disposición fue especialmente señalada por el Consejo de Estado como un riesgo para la transparencia y la competencia en la contratación estatal, por lo que también quedó suspendida provisionalmente.
El contexto de esta decisión es relevante: el presidente Petro había solicitado estos recursos alegando una «súper sequía» prevista entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, que según su administración requeriría respuestas inmediatas en los «frentes más críticos» para garantizar acceso a agua potable y servicios conexos. Sin embargo, el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ya había expresado preocupación por la magnitud de la suma, la premura en el traslado y el historial reciente de corrupción documentado en la UNGRD.
Con esta suspensión provisional, el Consejo de Estado impide que el dinero sea redistribuido mientras continúa el análisis de fondo de la demanda. La medida representa un control efectivo sobre la capacidad del Ejecutivo para reasignar recursos fiscales en montos extraordinarios sin participación directa del Congreso, aun cuando alegue urgencias relacionadas con fenómenos climáticos o desastres naturales.
