El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar 12 publicaciones de su cuenta en la red social X en las que señaló al registrador nacional Hernán Penagos y a la Registraduría Nacional del Estado Civil de estar relacionados con un supuesto fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2026. La decisión judicial protege los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del funcionario y la entidad que representa.
La corporación estableció un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la providencia, para que Petro retire las publicaciones identificadas en el fallo. La orden también incluye eliminar de cualquier cuenta o medio que administre el contenido de las declaraciones que realizó sobre estas acusaciones durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.
Según la decisión judicial, las afirmaciones realizadas por Petro entre junio y agosto de 2026 no contaban con elementos que permitieran atribuirle al registrador la responsabilidad por un fraude electoral o por otras conductas delictivas. El pronunciamiento se produjo al resolver una acción de tutela presentada por Penagos, quien solicitó la protección de sus derechos fundamentales.

Límites a las imputaciones públicas
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento tiene que ver con la diferencia entre presentar una denuncia penal y demostrar la existencia de una conducta delictiva. El Consejo de Estado precisó que el hecho de que se haya presentado una denuncia contra el registrador no demuestra que las acusaciones sean ciertas ni desvirtúa su presunción de inocencia.

Adicionalmente, el exmandatario deberá abstenerse de atribuirle a Hernán Penagos la comisión de un fraude electoral o de conductas delictivas, así como señalar a la Registraduría de facilitar o participar en un fraude, cuando no exista una decisión ejecutoriada de una autoridad competente que respalde esas afirmaciones. En consecuencia, el alto tribunal consideró que las afirmaciones públicas afectaron los derechos fundamentales de Penagos y el buen nombre de la Registraduría.

Alcance de la determinación judicial
La decisión establece límites a las imputaciones públicas de conductas delictivas sin respaldo de una autoridad competente. No obstante, el alcance del fallo debe entenderse en relación con los señalamientos dirigidos contra el registrador y la Registraduría, y no como una declaración general sobre todas las posibles irregularidades electorales que puedan ser objeto de investigación.
El pronunciamiento vuelve a poner en discusión el alcance de las declaraciones de los altos funcionarios y exmandatarios en redes sociales, así como la responsabilidad que implica formular acusaciones que pueden afectar la honra y el buen nombre de otras personas e instituciones.