El Consejo de Estado dejó en firme la nulidad del decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro designó a Verónica Alcocer como embajadora en misión especial ante el Vaticano. La decisión del alto tribunal confirma que el Ejecutivo incumplió disposiciones constitucionales y mantiene caído un nombramiento que generó controversia desde su anuncio en 2023, cuando la entonces primera dama viajó a la Ciudad del Vaticano para asistir a una audiencia con el papa Francisco.
El Tribunal de Cundinamarca, cuya decisión acaba de quedar en firme tras la confirmación del Consejo de Estado, concluyó que el Gobierno infringió directamente el artículo 126 de la Constitución Política. Esa norma establece que los servidores públicos «no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar (…) personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente». En el caso de Alcocer, el vínculo matrimonial con el presidente de la República configuraba una violación directa de esta disposición.
El abogado Harold Sua, demandante del caso, argumentó que el decreto desconoció explícitamente ese artículo constitucional. La Procuraduría General de la Nación también intervino en el proceso y advirtió en su concepto que «el señor Presidente de la República infringió dicha disposición», porque en ese momento estaba «ligado por matrimonio o unión permanente» con la persona designada como embajadora.
Deficiencias en la redacción del decreto
El tribunal identificó un problema adicional en la estructura del nombramiento: el apoyo del grupo de trabajo a la primera dama se preveía para las «actividades» que ella «estime conveniente». Para los magistrados, esa redacción era ambigua y general, quebranta el principio de legalidad y desconoce la exigencia constitucional de que el ejercicio de función pública por un particular debe sujetarse a la ley, no a criterios discrecionales.
Un nombramiento que genó otros viajes internacionales
La designación de Alcocer como embajadora en misión especial no fue un incidente aislado. Antes del viaje al Vaticano, la primera dama había asistido al funeral de la reina Isabel II, a la Asamblea de las Naciones Unidas y al sepelio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, en todos los casos con la misma calidad de «embajadora en misión especial» y acompañada por comitivas numerosas. Según reportes, esa figura de representación fue la que llevó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a incluirla en la Lista Clinton.
La permanencia de Alcocer en Suecia y su estilo de vida en el exterior han sido objeto de escrutinio público adicional. El presidente Petro afirmó en su momento que está separado de ella desde hace varios meses, aunque el vínculo legal seguiría vigente, y aseguró que Alcocer no gasta recursos del erario público. Con la ratificación de la nulidad por el Consejo de Estado, la designación y los actos realizados bajo esa calidad quedan sin efectos legales.
