Las declaraciones del concejal William Urbano, representante de Pasto por el partido Cambio Radical, generan rechazo generalizado después de que salieran a la luz sus comentarios defendiendo a su hermano Javier Hernando Urbano Vallejo, quien es acusado de abuso sexual constante contra su propia hija, incluido el embarazo resultante de estos hechos.
Declaraciones que normalizan la violencia sexual
Según reportes, Urbano habría afirmado que los hechos denunciados “no son cosas del otro mundo”, minimizando así la gravedad de las acusaciones. Este tipo de declaraciones ha sido calificado como inaceptable por múltiples sectores políticos y sociales de la ciudad, quienes ven en ellas una complicidad moral con los actos denunciados.
Organizaciones como la Juventud Democrática Popular han salido públicamente a rechazar estas afirmaciones, argumentando que “justificar a un violador te hace cómplice”. El programa #SéptimoDía ha documentado los detalles de este caso, exponiendo públicamente conductas que diversos sectores consideran abominables.
Ascenso polémico al concejo municipal
William Urbano llegó a la corporación municipal hace poco tiempo en circunstancias particulares. Tras la renuncia del concejal Jorge Ortiz, quien había quedado en segundo lugar en la lista de Cambio Radical con 1.713 votos, Urbano escaló de la cuarta posición a la curul con solo 1.710 votos, es decir por una diferencia de apenas un voto con respecto a Chucho Zambrano, quien quedó tercero. Su llegada al concejo ocurrió después de que Gustavo Núñez Guerrero, cabeza de la lista con 3.864 votos, falleciera, lo que generó movimientos en la estructura de credenciales del movimiento político.
El concejal es conocido como líder comunitario del sector de la construcción y albañilería de Pasto, y representante de la comuna 12. Su ascenso al cabildo municipal ha estado marcado desde el inicio por controversias en torno a los márgenes mínimos de votación que lo separaban de otros candidatos.
Ahora, en medio de su permanencia en el concejo durante lo que resta del período, las declaraciones en defensa de su hermano han puesto en tela de juicio su criterio como servidor público y su compromiso real con la defensa de los derechos de la infancia y las víctimas de violencia sexual en Pasto. La pregunta sobre cuál será su posicionamiento político en la corporación—si pertenecerá a la bancada mayoritaria, minoritaria, independiente u opositora—queda opacada por el cuestionamiento ético que ahora enfrenta su gestión.
Los sectores que se oponen a sus declaraciones exigen que se tomen “las represalias necesarias” frente a estos pronunciamientos, considerando que un representante popular que normaliza la violencia sexual contra menores no debería mantener la confianza ni el respaldo institucional. El caso pone de manifiesto la tensión entre la política local y la responsabilidad moral de quienes ostentan cargos públicos en la protección de los derechos fundamentales de la población más vulnerable.
