La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas por presunto direccionamiento de contratos en la Caja de Compensación Familiar de Nariño. Entre los imputados figura el exdirector de la entidad, Diego Raúl Blanco Pérez, y los contratistas Juan Pablo Apraes Castañeda, Liliana Goretti Osorio Villota, Miriam Andrea Martínez Ega y Jaime Alejandro Narváez Arévalo. Según la investigación, el entramado de corrupción operó entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
Las evidencias indican que habrían sido direccionados ocho contratos por más de 9.804 millones de pesos, financiados con recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC). De ese monto se desembolsaron anticipos superiores a 2.942 millones de pesos, equivalentes al 30% del valor contratado.
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Modus operandi de la corrupción
La investigación reveló que los imputados implementaron múltiples estrategias para desviar recursos públicos. Fueron diseñadas invitaciones públicas a la medida de contratistas previamente concertados, así como el fraccionamiento de contratos mediante cuantías inferiores para evadir la pluralidad de oferentes. A cambio, los contratistas recibían comisiones sobre los anticipos y presentaban cuentas con sobrecostos.
También quedó en evidencia que se elaboraron estudios previos y pliegos con requisitos restrictivos, ajustados específicamente a empresas preseleccionadas que carecerían de idoneidad operativa real. Blanco Pérez, en su calidad de ordenador del gasto, es señalado de avalar las actas de adjudicación en el comité de compras, permitiendo el favorecimiento de oferentes específicos. Estos conocían de antemano los términos de referencia y, en algunos casos, habrían prestado sus nombres para que terceros se apropiaran de los recursos.
Cargos y medidas cautelares
Un fiscal de la Seccional Nariño imputó a los cinco procesados los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, conforme a su posible responsabilidad individual. Blanco Pérez y Osorio Villota aceptaron los cargos durante la audiencia inicial.
Por disposición de un juez de control de garantías, todos los investigados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Con este nuevo resultado, ya son nueve las personas imputadas por su presunta participación en este entramado de corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño.
