La Fiscalía General de la Nación desarticuló una organización dedicada al lavado de activos que operaba en la frontera nariñense, con participación activa de funcionarios públicos. El esquema ilícito permitió el ingreso de más de 425.000 millones de pesos al país entre 2020 y 2023, camuflados como supuestos reintegros por exportaciones que nunca ocurrieron.
Siete personas fueron capturadas el 12 de noviembre en operativos realizados en Ipiales y Cúcuta. Entre los detenidos figuran cuatro servidores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Ipiales: Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay. También fueron capturados Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, identificados como representantes legales de comercializadoras internacionales.
Lea tambien: Juez ordena prisión para escolta del alcalde de Ipiales investigado por homicidio
Cómo operaba la red ilícita
El montaje criminal utilizaba cargamentos de aceite de palma, soya y derivados que figuraban en documentos oficiales como exportados hacia Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca. Sin embargo, los productos nunca cruzaron la frontera. La maniobra requería la participación de cinco comercializadoras internacionales, que se presentaban como exportadoras, y una agencia de aduanas que tramitaba falsamente las declaraciones y documentos que respaldaban las operaciones.
Los funcionarios de la DIAN en Ipiales certificaban fraudulentamente la salida de las mercancías, otorgando aparente legitimidad a las operaciones. Con estos soportes falsificados, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú ingresaba a Colombia como si fueran pagos legales por ventas al exterior.
Cargos imputados y consecuencias legales
Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó los procedimientos. La Fiscalía imputó cargos diferenciados según la responsabilidad individual de cada persona: lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público. La investigación fue liderada por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN, con apoyo del Ejército Nacional a través del Cuerpo Técnico de Investigación.
Además de las órdenes de captura, la Fiscalía remitió información a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio para evaluar actuaciones sobre bienes y activos vinculados con el esquema criminal. El caso expone vulnerabilidades en los controles aduanales fronterizos de Nariño y la participación de servidores públicos en operaciones de lavado de dinero, un desafío persistente en la región.
