La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para convocar de manera inmediata una mesa de trabajo en Pasto, Nariño, con el propósito de buscar soluciones concretas a la crisis de seguridad y los problemas de infraestructura que, según el gremio, afectan de manera crítica la vía Panamericana en el corredor del suroccidente colombiano.
En un comunicado fechado el 19 de octubre de 2026 y firmado por Alfonso Medrano Solano, presidente ejecutivo nacional de la ACC, la organización pidió la participación urgente de la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa y la Dirección General del Instituto Nacional de Vías (Invías). El gremio advirtió que la situación de orden público en este corredor estratégico pone en riesgo la integridad de los transportadores y de los demás usuarios de la carretera, especialmente durante las noches y las primeras horas del día.
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Hechos de violencia documentados por la ACC
El gremio documentó varios incidentes de inseguridad que respaldan su petición. De acuerdo con la ACC, la semana anterior a la emisión del comunicado se registró un accidente grave en el que un autobús de transporte internacional con placas ecuatorianas sufrió un volcamiento tras un intento de asalto. Según la versión del gremio, el vehículo fue atacado con armas de fuego, lo que provocó que el conductor perdiera el control del autobús.
El incidente dejó un saldo de tres personas heridas, entre ellas el gerente de la empresa internacional prestadora del servicio. La ACC relacionó esta situación con un secuestro reportado el 6 de octubre que, según el documento, comprendió el tramo entre Timbío y El Remolino, ambas localidades ubicadas en el Cauca. Estos hechos reflejan, según la asociación, los riesgos crecientes que enfrentan los viajeros y transportadores en diferentes tramos de la vía Panamericana.
Demandas específicas del gremio camionero
La ACC planteó tres necesidades principales que considera urgentes para atender la situación: en primer lugar, el restablecimiento del orden público mediante la garantía de presencia institucional permanente y medidas efectivas de protección para quienes transitan por la vía; en segundo lugar, la intervención inmediata de la infraestructura vial ejecutando labores de mantenimiento, reparación y parcheo en los sectores deteriorados del corredor; y en tercer lugar, la convocatoria urgente a una reunión con el Gobierno Nacional para establecer compromisos concretos y definir soluciones frente a las dificultades de seguridad y movilidad.
Según el comunicado de la ACC, algunos trabajos de mantenimiento que debían realizarse durante el año no se habrían ejecutado, agravando las condiciones de circulación y aumentando las dificultades para el transporte de mercancías. El gremio advirtió que la ejecución de estas tareas de mantenimiento no es un asunto menor: los daños acumulados en la vía amenazan con dejar incomunicado al suroccidente del país con el resto de Colombia y de Suramérica, lo que afectaría directamente el comercio exterior y la economía regional.
Impacto económico y comercial regional
La vía Panamericana funciona como el eje de conexión vital para la región y para los flujos comerciales internacionales del suroccidente colombiano. El deterioro simultáneo de la infraestructura y el deterioro de la seguridad crea una situación que combina dos factores que desalientan el comercio y la movilidad. Los transportadores enfrentan no solo el riesgo físico de asaltos y ataques armados, sino también la frustración de transitar por una vía en mal estado que retrasa los tiempos de entrega y aumenta los costos operativos.
La ACC considera que esta situación es insostenible para el sector del transporte, que además ya enfrenta otras presiones económicas. El gremio señaló que la combinación de inseguridad y falta de mantenimiento vial genera un círculo vicioso que desestimula el comercio y afecta la competitividad de la región frente a otros corredores viales del país y de la región andina.
Acuerdos incumplidos y falta de voluntad política
En el cierre de su comunicado, la ACC manifestó que, si bien existen acuerdos previos establecidos con el Estado colombiano, su cumplimiento ha sido deficiente. El gremio reconoció que ha habido «total incumplimiento y falta de voluntad política» en la ejecución de estos compromisos, aunque no especificó si estos incumplimientos ocurrieron durante el gobierno anterior o persisten en la administración actual. Sin embargo, la ACC fue enfática en señalar que se trata de compromisos del Estado colombiano con su gremio, no de acuerdos voluntarios.
Esta insistencia sobre los acuerdos incumplidos refleja la frustración acumulada del gremio camionero. La ACC no solo pide nuevos compromisos, sino que exige garantías de que las soluciones acordadas en la reunión solicitada serán ejecutadas efectivamente. Por ello, la asociación solicitó de manera explícita que se fije una fecha concreta para la reunión con las autoridades nacionales, con el objetivo de establecer soluciones definitivas a las problemáticas que afectan a los departamentos de Nariño y Cauca.
Expectativas y próximos pasos
La ACC espera que el encuentro entre sus directivos y los representantes del Gobierno Nacional permita definir acciones concretas y cronogramas claros para mejorar la seguridad en el corredor vial, recuperar la infraestructura deteriorada y brindar mayores garantías a los transportadores y demás usuarios de la vía Panamericana. El gremio ha dejado clara su disposición al diálogo, pero también ha señalado que el tiempo apremia y que la situación requiere soluciones inmediatas, no compromisos a largo plazo que terminen siendo incumplidos nuevamente.
La relevancia de esta solicitud trasciende el sector transportista. Los problemas de seguridad e infraestructura en la Panamericana afectan a los comerciantes que dependen de esta ruta, a los usuarios civiles que la transitan diariamente, a las empresas de logística y carga, y en general a toda la cadena de suministro que conecta el suroccidente colombiano con los mercados nacionales e internacionales. La decisión del Gobierno Nacional sobre cómo responder a este llamado urgente de los camioneros tendrá implicaciones amplias para la región.
