A propósito del debate: la caída del Presupuesto General de la Nación, el remezón ministerial en el Gobierno Central y el descenso de categoría fiscal de la Gobernación de Nariño.
Durante años me he inclinado por opinar sobre la política nacional desde cierta distancia, evitando involucrarme directamente en los debates cotidianos de nuestro departamento. Sin embargo, en vista de lo que ha venido sucediendo en Nariño y tras sentir la misma fatiga democrática que hoy agobia a miles de familias, sentí la obligación de conciencia de no quedarme en silencio. Haciendo uso de mi libertad de expresión, decidí dejar a un lado lo políticamente correcto para hablar con la voz directa de quienes, como yo, queremos que las cosas en nuestra tierra se digan por su nombre.
Hay algo que no está funcionando en la forma como hacemos política: la costumbre de medir las cosas por el ruido y las palmas en Bogotá, y no por lo que siente la gente en la calle. Mientras en la capital los dirigentes celebran bloqueos, cambian ministros y festejan triunfos que no le arreglan la vida a nadie, en el día a día de las familias las cuentas se hacen más difíciles de pagar.
Lo que pasó con la caída del Presupuesto General de la Nación y el reciente cambio en el gabinete es el ejemplo claro de esa desconexión. La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y la designación de Alejandro Ordóñez mostraron un ambiente de más pelea política. Desde el Pacto Histórico, figuras como el nariñense Camilo Romero, exgobernador de Nariño, junto a la senadora Esmeralda Hernández, salieron rápido a celebrar en redes: ella escribió que «se lo tumbamos»; él presentó la caída del presupuesto y la salida del ministro como una derrota del Gobierno.
El costo real en Nariño
Sin embargo, en el manejo de las cuentas públicas no hay magia: cantar victoria porque se cae un presupuesto no es una hazaña ideológica; es perder la plata que financia las obras y el trabajo en las provincias. Para Nariño, el golpe es real y se siente de inmediato: el departamento perdió más de $431.000 millones adicionales destinados a vías terciarias, agua y energía, quedando con el monto del primer debate, que es menor al que se había alcanzado después.
La senadora Liliana Benavides lideró un esfuerzo junto a los parlamentarios de la región por construir una postura conjunta, buscando dejar a un lado las diferencias políticas para recuperar esos recursos. Sin embargo, ese esfuerzo terminó esfumándose no por disputas entre los congresistas locales, sino porque la pelea nacional se lo llevó por delante: una diferencia entre los textos de Senado y Cámara en el artículo 65 impidió terminar el trámite y el presupuesto terminó expedido por decreto. La senadora Benavides dice que buscará recuperar esa plata con la Ley de Rescate Fiscal. Puede que sí, puede que no: hoy lo único definido es que el departamento se quedó sin ella en la mano. Y cuando falta esa plata, no es un número frío en un papel: se nota cuando el campesino no puede sacar la papa porque la vía sigue dañada, cuando en el hospital no hay insumos o cuando a la gente no le alcanza el sueldo porque las cosas están más caras.
Dos bandos que gobiernan sin dirección
Pero el verdadero problema de Nariño no empezó esta semana en Bogotá; lleva más de diez años cocinándose en nuestro propio territorio. Durante años nos dijeron que el «progresismo» y las ideas «alternativas» eran la solución para cambiar al departamento. Sin embargo, la realidad que vemos hoy es otra. En Nariño hay dos bandos. El primero, el de las fuerzas que han gobernado el departamento en los últimos años y que llegaron diciendo que eran el cambio. El segundo, el de los partidos y las maquinarias políticas tradicionales, las casas y familias de siempre. Parecen rivales, pero en las elecciones locales se juntan para colocar gobernantes. Una unidad que sirve para ganar, pero no alcanza para gobernar.
El resultado es una agenda condicionada: un mandatario que, en lugar de concentrarse en la gente, termina atendiendo las cuotas y los compromisos burocráticos de dos bandos que nunca se llenan. Por eso a esa forma de hacer política le gustan los proyectos pequeños y los contratos cortos: tienen a la gente dependiendo de un puesto, en lugar de crear proyectos grandes que den empleo verdadero, independencia y desarrollo al sur.
Esa costumbre de gobernar repartiendo puestos en lugar de cuidar las finanzas públicas tiene una cuenta de cobro, y ya llegó la primera: la Gobernación de Nariño, bajo el mando de Luis Alfonso Escobar, bajó de primera a segunda categoría fiscal. En varias entrevistas, el gobernador lo explicó por la inflación y el aumento del salario mínimo de 2025. Esa explicación se queda corta: la inflación y el salario mínimo golpean a todo el mundo; lo que marca la diferencia es el recaudo propio y el cuidado de las cuentas. Y lo que preocupa es que el gobierno local tampoco haya logrado cuidar y fortalecer las cuentas de Nariño.
Bajar de categoría tiene un peligro directo que debemos entender todos: la ley establece que al bajar de categoría fiscal, la administración departamental queda autorizada para gastar una proporción mayor de sus ingresos de libre destino en su propio funcionamiento, pasando del 55 % al 60 %. En palabras sencillas: el Estado local pasa a gastar más en sostener su propia burocracia y nómina, mientras disminuye el porcentaje destinado a inversión social, infraestructura y obras para la comunidad. Si no se toman decisiones serias y con orden, el riesgo de que Nariño caiga a tercera categoría pasará de ser una advertencia a convertirse en realidad.
Volver al sentido común
Todo lo que nos está pasando se resume en una sola cosa: la pérdida del sentido. Perdimos el sentido común en la política, perdimos el sentido de lo que le duele a las personas y perdimos el rumbo de cómo se construye una región. Llegó el momento de dejar el miedo a decir las cosas como son. No podemos seguir siendo políticamente correctos mientras el departamento se nos cae de las manos. Cambiar esta historia exige concentrarnos en tres cosas sencillas y claras:
1. La agenda de la gente, no la de las maquinarias: Pasar de los acuerdos políticos de pasillo a una planificación que resuelva lo que le preocupa a la madre de familia, al joven que busca trabajo, al agricultor que necesita sacar sus productos y a las familias que quieren salir a la calle en paz y con seguridad.
2. Hacer proyectos grandes y bien hechos: Dejar de repartir la plata en obras chiquitas que no cambian nada. Nariño necesita obras grandes (como conectividad vial, nodos de transporte y plantas de transformación para nuestros productos) que tengan sustento técnico y que ningún decreto en Bogotá nos pueda quitar de un plumazo.
3. Cuidar la casa y ser independientes: La Gobernación tiene que ordenar sus cuentas, no agrandar la burocracia y mejorar el recaudo de sus recursos. La verdadera autonomía de Nariño no se logra gritando en discursos contra el gobierno central, sino teniendo una casa ordenada y finanzas sanas.
Una región no sale adelante aplaudiendo peleas políticas en Bogotá mientras las cuentas del departamento se deterioran. Es hora de recuperar el sentido común y empezar a exigir resultados reales. Eso es lo que le falta a la política de hoy: menos pasión ideológica y más juicio para cuidar lo de todos.
Porque cuando los discursos de los políticos se terminan, lo único que queda es la realidad de nuestras calles y de nuestras familias. Y el futuro de un pueblo no se construye con palabras bonitas, sino con decisiones valientes y responsables que le devuelvan la tranquilidad y la dignidad a la gente.
Aplaudir la pelea de Bogotá es fácil. Pagarla en Nariño, no.
