La hoja de vida de Ángela Marcela Mafla Botina, gerente jurídica de la Dirección de Plazas de Mercado de la Alcaldía de Pasto, quedó bajo escrutinio luego de que entidades donde aparece registrada como asesora jurídica aseguren no encontrar documentos que acrediten esas vinculaciones laborales.
Una serie de derechos de petición revelaron inconsistencias al comparar la información registrada en el SIGEP (Sistema de Información para la Gestión del Empleo Público) con las respuestas entregadas por organismos donde la funcionaria afirma haber trabajado. El interrogante central gira en torno a por qué aparecen experiencias laborales en el sistema oficial que instituciones clave no pueden respaldar en sus archivos.
Las discrepancias documentales
Según el SIGEP, Mafla trabajó como asesora jurídica de la Universidad de Nariño entre marzo de 2021 y julio de 2023, y en el Centro Hospital Guaitarilla entre junio de 2017 y enero de 2019. Sin embargo, al ser consultadas formalmente, ambas instituciones negaron la existencia de tales relaciones laborales.
La Universidad de Nariño aseguró que no encontró registro de una relación laboral con Mafla, y posteriormente precisó que tampoco halló contratos de prestación de servicios para apoyo a procesos misionales a su nombre. De manera similar, el Centro Hospital Guaitarilla indicó que tras revisar sus archivos, SECOP y SIA no encontró contrato laboral ni contrato de prestación de servicios suscrito con la funcionaria, por lo que tampoco existe allí una certificación laboral.
Lo que sí está comprobado
No toda su trayectoria contractual está bajo cuestionamiento. La Alcaldía de Túquerres sí certifica que Mafla prestó servicios profesionales para ese municipio, mediante contratos relacionados con la política pública de vendedores informales. Uno de ellos fue por $25 millones y otro por $23 millones, para un total de $48 millones en contrataciones respaldadas documentalmente.
Es importante precisar que los documentos revisados hasta el momento no demuestran que Ángela Mafla haya falsificado documentos ni que haya cometido un delito. Lo que existe es una contradicción documental que requiere aclaración y que originó solicitudes de información e incluso una acción de tutela para obtener los soportes que respalden las vinculaciones que aparecen en el SIGEP.
Las preguntas que permanecen abiertas son: ¿quién reportó esa información al SIGEP?, ¿qué documentos fueron utilizados como soporte?, ¿se trata de un error en el reporte, información desactualizada o existe documentación que aún no ha salido a la luz? Estos interrogantes requieren respuesta para aclarar la situación contractual de la gerente jurídica de Plazas de Mercado.
