Un gobierno puede cambiar de discurso en un día. Cambiar la realidad de un país toma mucho más tiempo.
Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia con la promesa de un viraje: menos Estado, más eficiencia, austeridad y mayor espacio para la iniciativa privada. Una apuesta distinta al modelo de Gustavo Petro, que deja una economía con problemas fiscales, una deuda elevada y una sociedad que sigue esperando respuestas concretas.
Pero cambiar el modelo no garantiza cambiar la realidad. Eso se demuestra con resultados.
Apenas tres días después de su posesión, un terremoto de magnitud 7,4 puso a prueba al nuevo gobierno. La emergencia dejó viviendas afectadas, familias damnificadas y una reconstrucción que no se resuelve con anuncios ni fotografías. Fue una prueba inesperada para la capacidad de respuesta del Estado y, sobre todo, para la coordinación entre el Gobierno nacional, las regiones y las comunidades.
La tragedia también puso sobre la mesa una pregunta: ¿cómo hacer más con recursos limitados, sin convertir la austeridad en abandono?
Las primeras mediciones de opinión ofrecen señales que conviene leer sin triunfalismos. La seguridad aparece entre las fortalezas mejor valoradas del Gobierno. Sin embargo, los sondeos también muestran dificultades para ampliar el respaldo ciudadano. La aprobación presidencial, la imagen favorable y la evaluación de las políticas públicas no son lo mismo; pero, vistas en conjunto, dejan una advertencia: el capital político no es un cheque en blanco.
La gente puede respaldar una política de seguridad y, al mismo tiempo, preocuparse por el empleo, los precios y la situación económica. Al final, el ciudadano no evalúa un modelo en los discursos. Lo evalúa en su bolsillo, en su casa y en su calle.
El Fondo Milagro y la lección de la coherencia
El episodio del Fondo Milagro dejó otra lección. La polémica por una nómina proyectada de más de 765 millones de pesos mensuales chocó con la promesa de austeridad. El presidente aceptó la renuncia de su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, y reconoció que había que corregir. Hay que decirlo: rectificar a tiempo también es gobernar.
Pero no basta con cambiar al gerente. Hay que revisar las reglas, la junta directiva, el manual de contratación y los controles. Los recursos destinados a reconstruir vidas no pueden terminar sosteniendo burocracias costosas. El presidente corrigió una decisión; ahora debe garantizar que el sistema no vuelva a permitirla.
Y aquí es donde los primeros cien días deben mirarse más allá de Bogotá. En Nariño, el cambio tendrá que traducirse en soluciones para problemas que llevan años esperando: agua segura en Ipiales, seguridad y empleo en Pasto, conectividad para la Sabana de Túquerres, valor agregado para el café de La Unión y oportunidades productivas en Tumaco. No son demandas aisladas. Son piezas de una misma apuesta: conectar la frontera, los Andes y el Pacífico con mercados, inversión y empleo digno.
Nariño necesita más que inventarios de necesidades
Pero Nariño necesita algo más que un inventario de necesidades y una clase política más productiva, propositiva y estratégicamente agresiva para defender los intereses del departamento. Necesita también una ciudadanía que deje de esperar salvadores.
A quienes no les gusta la política, a quienes están desencantados o sienten que nada cambia, hay que decirles algo: alejarse de la política no hace que la política deje de decidir sobre sus vidas. El agua que llega —o no llega— a sus casas, la seguridad de sus barrios, el empleo de sus familias y las oportunidades de sus hijos también dependen de decisiones políticas.
No se trata de convertir a todos en políticos ni de levantar otra estructura para competir por el poder. Se trata de recuperar la capacidad ciudadana de participar, organizarse, proponer y hacer seguimiento. De entender que nadie vendrá a salvarnos si nosotros mismos no asumimos la responsabilidad de construir nuestro futuro.
El territorio no cambia solamente desde los despachos: cambia cuando la gente deja de ser espectadora y se convierte en protagonista.
Nariño necesita gobernantes que cumplan, dirigentes que propongan y ciudadanos que participen. Porque el territorio no cambia solamente desde los despachos: cambia cuando la gente deja de ser espectadora y se convierte en protagonista.
Cien días no alcanzan para transformar un país, pero sí para identificar el rumbo, corregir errores y demostrar prioridades. El terremoto puso a prueba la capacidad de respuesta; el Fondo Milagro, la coherencia entre discurso y administración; las encuestas, la conexión con la ciudadanía. Y las regiones siguen esperando que el cambio llegue hasta ellas.
La pregunta ya no es solamente qué modelo propone este gobierno. La pregunta es si ese modelo será capaz de mejorar la vida de la gente.
Porque gobernar no es ganar una discusión ideológica ni administrar expectativas. Es convertir decisiones en resultados.
La historia juzgará estos cien días por lo que prometieron. La gente los juzgará por lo que cambió en su metro cuadrado.
No estar de acuerdo con la política tradicional no significa renunciar a la política. Significa involucrarse para cambiarla.
