📍 Nueva resolución genera caos en la frontera con Ecuador
Los municipios fronterizos del sur de Nariño —incluyendo Ipiales, Túquerres, Cumbal y otros— han lanzado una voz de alarma ante el impacto que está generando el nuevo modelo de abastecimiento de combustibles impuesto por el Ministerio de Minas a partir del 18 de julio de 2025.
La medida exige que los distribuidores minoristas carguen exclusivamente en Tumaco, eliminando la posibilidad de abastecerse en plantas como Yumbo, tradicionalmente utilizadas por los minoristas de la región. Esta decisión ha generado una cadena de afectaciones que comprometen el desarrollo económico legal, la seguridad energética y la gobernabilidad en la frontera con Ecuador.
🚧 Infraestructura débil y condiciones de transporte precarias
Los líderes locales señalan que Tumaco no cuenta con las condiciones logísticas mínimas para asumir la distribución regional. Las vías terciarias deterioradas, la alta inseguridad y la infraestructura urbana deficiente retrasan las operaciones y exponen al riesgo a los transportadores.
Esta falta de planificación territorial contradice el propósito de garantizar un suministro energético eficiente, competitivo y seguro para los más de 32 municipios afectados.
💰 Costos elevados y precios sin incentivos de frontera
Actualmente, el modelo impuesto ignora los sobrecostos logísticos que enfrentan los minoristas legales. El precio diferencial vigente no cubre las dificultades reales del transporte en zonas de difícil acceso, lo cual incentiva el contrabando de gasolina desde Ecuador, afectando aún más la economía local.
🔐 Falta de participación y libertad comercial
Distribuidores, transportadores y usuarios denuncian la exclusión de actores clave en el diseño de la política energética reciente. Además, muchas estaciones de servicio se encuentran sin contrato vigente con los nuevos mayoristas autorizados, lo que bloquea la operatividad legal y genera incertidumbre sobre el futuro de la distribución.
La planta de Chachagüí, que se encuentra lista para operar, no ha sido habilitada por el Gobierno sin explicación clara, lo que ha despertado suspicacias sobre libre competencia y decisiones desproporcionadas que favorecen intereses particulares.
⚡ Riesgo de cierre masivo y expansión del contrabando
Según reportes locales, muchas estaciones están agotando sus cupos de combustible, lo que podría llevar al cierre total de operaciones en los próximos días. Esto agrava la situación económica y social en la región y aumenta el riesgo de movilizaciones ciudadanas.
La eliminación de códigos de compra en el sistema SICOM impide a los minoristas adquirir combustible en otras plantas, lo que limita su margen de maniobra y acelera la crisis.
📢 Urgente llamado al Gobierno Nacional
A pesar de la gravedad de la situación, no hay soluciones concretas por parte del Ministerio de Minas ni del Gobierno departamental. Distribuidores denuncian que las mesas de trabajo convocadas no han logrado resultados reales y que el tiempo apremia ante el riesgo de un desabastecimiento generalizado.
Los municipios fronterizos exigen medidas urgentes que incluyan:
- Revisión del modelo de distribución impuesto.
- Activación inmediata de la planta de Chachagüí.
- Reconocimiento de incentivos de frontera.
- Libertad para elegir mayoristas.
- Participación activa de todos los actores en las decisiones.
🛢️ Un asunto de soberanía energética y justicia territorial
La gestión del combustible en regiones de frontera no solo es un tema económico, sino de soberanía. Garantizar que la energía llegue de forma legal, equitativa y competitiva es fundamental para evitar que el contrabando y la ilegalidad se apoderen de territorios vulnerables.
Si el Gobierno no toma decisiones responsables y concertadas, los municipios del sur de Nariño podrían enfrentar una emergencia energética sin precedentes.
